El Gobierno catalán exige que la reforma de cajas no le quite competencias

Hablar de cajas despolitizadas, profesionalizadas y con instrumentos que las ayuden a reforzar su solvencia es una música que puede sonarle bien a todo el mundo. La cuestión es la letra.

Cataluña defiende que sus cajas ya están despolitizadas y profesionalizadas, en parte por la menor presencia de políticos en sus órganos de gobierno: se limita a las corporaciones locales (no hay parlamentarios) y, según la ley catalana, su peso no puede superar el 25%. De hecho, el líder del PP, Mariano Rajoy, puso ayer como ejemplo a La Caixa. La excepción relativa son las entidades de fundación pública: Caixa Girona, Caixa Catalunya y Caixa Tarragona, estas dos últimas en fusión con Manresa. Entonces el tope al peso público es del 50%, como en la ley estatal. El presidente de la Generalitat, José Montilla, defendió ayer "el modelo catalán de cajas", que la Generalitat considera extrapolable al resto de España. Sin embargo, si la reforma normativa que impulse el Gobierno central, de acuerdo con el PP, significara mermar la tutela del Gobierno autónomo sobre las cajas, será la guerra. "Debemos preservar nuestras competencias", señalaron fuentes del Departamento de Economía, que no quiso ir más allá sin un texto sobre el que pronunciarse.

Montilla pide que las cuotas con derechos políticos sean "minoritarias"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Rajoy están de acuerdo en la necesidad de acelerar las fusiones de cajas y también en abrir las cajas al capital privado, mediante las cuotas participativas. Esta especie de acciones que pueden emitir las cajas para captar capital (a las que sólo se ha apuntado la CAM) sólo dan hasta ahora derechos económicos a los inversores que las compren. Pero el PP y el PSOE están de acuerdo en otorgarles también derechos políticos o capacidad de influencia a los inversores. "Es dar entrada a un lobby de poder en la estructura de poder de las cajas", comentaban ayer fuentes de una caja catalana poco entusiasta con esta vía, que de hecho es una privatización parcial. Montilla se declaró "totalmente contrario" a una privatización y defendió ayer, tras entrevistarse con Rajoy, que las cuotas participativas con derechos políticos sean "minoritarias". La reforma en mente del Gobierno central no superaría el 49%. El líder de CiU, Artur Mas, lamentó que Zapatero y Rajoy pacten una reforma de la ley de cajas sin contar con las autonomías.

La introducción de derechos políticos en las cuotas fue considerada ayer "una mala noticia" por CC OO de Cataluña, el sindicato con mayor presencia en los órganos de gobierno de las cajas catalanas, en la medida en que implica "riesgos" para la actual naturaleza jurídica y social de las cajas, y prometió trabajar para evitar la privatización, aunque el sindicato, como la propia Generalitat, se muestra más realista que hace un tiempo por las mayores exigencias de capital.

El presidente de la patronal CECA y de La Caixa, Isidre Fainé, ha defendido "un traje a medida" para cada caja, que es un mundo, en la reestructuración en ciernes del sector. Seis cajas catalanas, que ahora participan en fusiones, aprovecharán el proceso para capitalizarse por otra vía, el acceso al fondo público de rescate FROB.