La ley de Arizona fuerza a Estados Unidos a acelerar la reforma migratoria

Respondiendo a la emergencia nacional desatada por las polémicas medidas de Arizona contra los inmigrantes sin papeles, la mayoría demócrata en el Senado presentó ayer una propuesta para legalizar a más de 10 millones de personas sin documentación y, al mismo tiempo, reforzar la vigilancia fronteriza para dificultar nuevos traspasos masivos ilegales.

Esta propuesta, contenida en 20 páginas que son el esbozo de una futura reforma migratoria, pretende atraer la atención de la oposición republicana con el objeto de aprobar este mismo año una ambiciosa legislación al respecto. El presidente Barack Obama apoya la iniciativa y ha pedido a los dos partidos el coraje político que se requiere para sacar adelante, en año electoral, una ley de muy dudoso respaldo popular.

Los hispanos preparan una gran movilización para este fin de semana

La propuesta demócrata sugiera actuar simultáneamente en dos frentes: en el de la seguridad, con el reclutamiento de más agentes fronterizos y más estrictas medidas de control, y en el del reconocimiento del papel esencial que los inmigrantes ilegales tienen en esta sociedad, con la legalización de todos los que demuestren su estancia aquí durante un determinado periodo de tiempo.

La aprobación de una ley migratoria ha sido mencionada como una prioridad en EE UU desde hace muchos años. George Bush luchó por ella hasta el último día de su presidencia. Pero la resistencia de los electores a las legalizaciones masivas, especialmente en algunos Estados, ha llevado a muchos miembros del Congreso a impedir su aprobación.

Ahora, la entrada en vigor en Arizona de una ley estatal que permite a la policía detener a los sospechosos de haber entrado al país ilegalmente, ha puesto sobre la mesa de forma más cruda la necesidad de actuar a nivel nacional para impedir una cadena de acciones separadas por parte de los Estados. Tejas ha amenazado ayer con seguir el ejemplo de Arizona, y otros Estados fronterizos pueden estar tentados de hacer algo para hacer frente a lo que realmente constituye una grave crisis en sus territorios.

"Hay que reconocer que el sistema está quebrado", dijo ayer el senador demócrata Charles Schumer al presentar la propuesta de su grupo. "Miles de personas entran al país ilegalmente, y eso hay que pararlo".

Esas miles de personas son, en muchos casos, la base de la economía local. Cientos de negocios sobreviven en los Estados fronterizos gracias a la mano de obra barata que la inmigración ilegal permite. Pero ese fenómeno es, al mismo tiempo, generador de marginación y delincuencia.

Como consecuencia, más de un 60% de la población de Arizona -un Estado con un 30% de población hispana- está a favor de la dura legislación firmada por su gobernadora, Jan Brewer, para que la policía actúe contra los ilegales. Según una encuesta conocida ayer, un porcentaje similar apoya en el conjunto del país la extensión de esa medida a los 50 Estados. Actualmente, la policía no puede pedir la documentación de ninguna persona a la que no se pueda atribuir la sospecha de haber cometido un delito.

Los hispanos, que creen con razón que van a ser el blanco principal de los policías buscando ilegales, han alentado una movilización sin precedentes. El próximo fin de semana, con motivo de la celebración del 1 de mayo, están convocadas marchas en 70 ciudades. Como estímulo a su causa, ayer se esperaba en Arizona a la cantante colombiana Shakira, un ídolo entre la población de origen hispano, que tenía citas con el alcalde de Phoenix y con el jefe de policía para interesarse por las consecuencias de la ley. Su voz será una más entre las que se están sumando al boicoteo a Arizona. "Arizona ha conseguido fortalecer nuestro movimiento a favor de la inmigración", declaró ayer el congresista Luis Gutiérrez.