Renovar o resolver

Durante los últimos meses existía un consenso tácito sobre la prioridad de resolver de una vez el recurso sobre el Estatuto catalán, lo que hacía pasar a segundo plano el problema de la renovación del tribunal encargado de hacerlo. Se consideraba que lo peor era mantener la irregularidad de un Estatuto en desarrollo sin estar convalidado, lo que podría obligar en su momento a derogar o modificar normas en vigor desde hace tiempo. No es que se ignorara la otra anomalía, la de un tribunal con cuatro de sus diez magistrados con el mandato vencido; pero se consideraba prioritario lo otro: que hubiera pronunciamiento.

Tras el quinto intento frustrado de lograrlo, y con un tribunal que, de seguir así las cosas, tendría a partir de noviembre a otros cuatro magistrados en situación de prórroga (en total, 8 sobre 10), era lógico que esa prioridad fuera cuestionada: no tiene sentido prolongar la situación de un órgano cuya legitimación para pronunciarse sobre un tema no de trámite mengua cada día que pasa sin resolver ni renovarse.

Si hubiera una sentencia en breve ¿cuál sería la actitud de Zapatero? ¿Y cuál la de Montilla?

Esa renovación está en punto muerto desde octubre de 2008: el PP retorció entonces la nueva normativa, que atribuía a las comunidades autónomas la facultad de proponer candidatos, votando en todos los parlamentos a los mismos dos únicos candidatos, Francisco Hernando y Enrique López. Los socialistas consideraron "inasumibles" a ambos candidatos por su acentuado perfil político y su beligerancia antisocialista.

Era un mal argumento, con uno bueno dentro: no es el marcado sesgo ideológico lo que les hace inaceptables, sino el hecho de que ambos formaran parte del sector del Consejo del Poder Judicial que había decidido impulsar, sin que ninguna institución se lo solicitara, un dictamen muy crítico sobre el Estatut, lo que los hacía claramente recusables para participar en las deliberaciones sobre el principal asunto que tenía el Constitucional sobre la mesa. Así lo manifestó entonces de manera inequívoca otro ex miembro del Consejo, José Luis Requero, también nombrado a propuesta del PP, que se mostró "pasmado" por la propuesta (La Razón, 30-9-2008).

Sería absurdo que los socialistas votaran a esos dos candidatos y a continuación los recusaran. Si hubieran sido más cínicos, lo habrían hecho, pero no querían desatar otra guerra de recusaciones (había un candidato propuesto por los socialistas en Andalucía que también había sido vocal del Consejo). Los populares, por su parte, argumentaron que el pacto Zapatero-Rajoy excluía expresamente los vetos de candidatos. Pero es evidente que el PP había actuado de mala fe, tergiversando el sentido de la reforma de la ley, que aspiraba a favorecer la presencia en el tribunal de sensibilidades con un perfil más autonomista.

En la situación actual, si la prioridad a cualquier precio fuera la renovación, el PSOE no podría mantener ese veto. Pero no está claro que lo sea para Zapatero, pese al intento de Montilla de ponerle ante hechos consumados con la declaración pactada con CiU que se vota hoy. Seguramente Zapatero teme que un cambio en la composición del tribunal retrase aún más la sentencia (cuestionando el consenso pese a todo establecido sobre la constitucionalidad de la mayoría del articulado y la delimitación de los artículos cuestionados).

La más llamativa reacción frente a estas dudas de Zapatero ha sido la de quienes le emplazan a tomar cartas en el asunto, casi siempre tras recordarle que el magistrado Manuel Aragón, que es quien ha roto la simetría progresistas/conservadores en el Constitucional, fue elegido a propuesta del Gobierno. Con lo que quienes llevaban años criticando, con razón, esa simetría casi militar, y pidiendo a los miembros del tribunal que prescindieran del origen de su nombramiento y actuasen con independencia y criterio jurídico, parecen incitar ahora al poder ejecutivo a imponer la disciplina entre los magistrados.

Con la paradoja añadida de que Aragón es precisamente el único catedrático de Derecho Constitucional que queda entre los 10 que deciden, tras la recusación, a instancias del PP, del otro que también lo es, Pablo Pérez Tremps. En el Diccionario del Sistema Político Español, coordinado por Juan G. Encinar y publicado por Akal en 1984, Pérez Tremps se ocupaba del término Tribunal Constitucional, y Aragón de Constitucionalismo. La desconfianza hacia los especialistas por parte de los que sólo lo son en consignas con rima ¿es ya un rasgo del momento político?

Queda una duda: ¿qué pasaría si en un plazo breve el tribunal aprueba la propuesta de resolución que prepara el nuevo ponente? ¿Mantendría el Gobierno su prioridad en favor de una resolución rápida por encima de la de renovación del tribunal?