El PP abandona la polémica del Supremo y vuelve a la crisis

El PP ha frenado su ofensiva pública sobre el caso Garzón. Después de la bronca del pleno del Congreso del miércoles, vuelve a replegarse en la crisis económica. Esta semana, para el PP el asunto político más importante era la reacción a la decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón y, por eso, dirigió seis preguntas a otros tantos miembros del Gobierno. Pero para la próxima todo ha cambiado.

En las diez preguntas del PP para el pleno de control al Gobierno no hay ya ninguna sobre este asunto. Incluso, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a dirigir su pregunta a la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, en lugar de a Teresa Fernández de la Vega.

Todas las preguntas del PP, incluida la de Mariano Rajoy, se refieren a asuntos relacionados con la crisis económica.

Fuentes del PP explican que en el debate sobre la actuación contra Garzón, el Gobierno busca situarles en posiciones próximas a la extrema derecha y dejar en segundo plano la crisis económica y, por eso, prefieren evitarlo. Sólo hay una salvedad, que es la posibilidad de mantener la presión contra Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, por su asistencia a un acto en el que algunos oradores vertieron duras críticas al Tribunal Supremo.

Para el PP, Zarrías presenta la triple condición de destacado dirigente del PSOE andaluz, miembro destacado de la Ejecutiva federal y mano derecha del vicepresidente tercero, Manuel Chaves.

Por eso, la presión contra él la mantendrán el martes en la Comisión de Política Territorial del Congreso, cuando Zarrías comparezca para dar cuenta de asuntos rutinarios de su cargo. Debe dar cuenta de la conflictividad del Estado y las comunidades, pero el PP aprovechará para pedirle cuentas en una comisión, no en el pleno.

No obstante, el diputado de ICV, Joan Herrera, sí ha logrado forzar un debate y una votación en el Pleno del Congreso sobre la memoria histórica. Primero, el miércoles, con una interpelación al Gobierno sobre la recuperación de la memoria histórica y, como consecuencia, a la siguiente semana, con una moción que presentará.

El Gobierno puede decidir cuál de sus miembros responde a la interpelación, pero previsiblemente será el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El martes siguiente, Herrera pondrá en un brete al PSOE al someter a votación una moción en la que se incluirán referencias a los procesos judiciales para reparar los crímenes del franquismo y sobre la ley de Amnistía de 1977.

Además, el Gobierno ha conseguido que del pleno del Congreso hayan desaparecido las iniciativas de los partidos catalanes sobre el Tribunal Constitucional y la sentencia del Estatuto de Cataluña.