Un largo pleito y una deuda difícil de cobrar

El tira y afloja entre los abogados de la justicia gratuita y el Gobierno regional viene de lejos. Los 4.500 letrados que están en este servicio mantienen las mismas tarifas desde 2003 porque el Gobierno regional no las ha revisado. Sólo en 2008 atendieron a 300.000 clientes (en su mayoría inmigrantes), lo que supuso un desembolso para las arcas del Ejecutivo de Esperanza Aguirre de 50 millones de euros.

Durante los tres primeros trimeses de 2009 los abogados estuvieron sin cobrar las minutas, lo que les acarreó graves problemas económicos a estos profesionales, en especial a aquellos que trabajan solos en pequeños bufetes. De media, cada caso les supuso unos 200 euros. Eso llevó a decir al decano de los abogados, Antonio Hernández-Gil, que los letrados de oficio cobraban precios mucho más bajos que otros profesionales e incluso que llegaban a perder dinero en los procedimientos más largos. "El aumento de inmigrantes ha repercutido en un mayor número de usuarios", explicó.

Pero el Gobierno regional no se ha quedado callado. En los últimos años, en especial en 2009, la presidenta regional y el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, lanzaron duras acusaciones contra los letrados de oficio. Llegaron a decir que los abogados recurrían a todas las instancias posibles para cobrar más dinero, pese a que sus clientes habían sido expulsados de España y se desconocía si querían seguir apelando. "Algunos han estudiado para tener una profesión liberal y se quieren hacer funcionarios sin pasar una oposición, viviendo del turno de oficio. Eso no lo permitiremos", afirmó Granados el pasado agosto, que amenazó con pedir una reforma de la ley al Ministerio de Justicia. De hecho, se reunió con otros consejeros del PP para tratarlo.