Granados: "La justicia gratuita sólo será para los pobres de solemnidad"

El Gobierno regional zanjó ayer con un nuevo decreto el enfrentamiento que mantiene con los abogados del turno de oficio desde hace meses por el pago de sus servicios. Esta norma, que entrará en vigor en aproximadamente un mes, va a limitar el acceso a la justicia gratuita con una serie de requisitos que implican un recorte en el gasto regional en el turno de oficio. Uno de ellos establece que, a partir de ahora, los beneficiarios del turno de oficio deberán acreditar que no disponen de medios para pagar un abogado. En palabras del propio consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, sólo podrán acceder a ella quienes puedan justificar que son "pobres de solemnidad".

"Acaba la presunción de insuficiencia de medios del cliente por parte del abogado. Ahora hay que demostrarlo", explicó Granados tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. El consejero justificó esta medida, que recortará el gasto en el turno de oficio, en su coste. "Cuando la Comunidad de Madrid recibió las transferencias en materia de justicia se valoró este servicio en nueve millones de euros", explicó Granados. "Ya vamos por 50 millones de euros", añadió el consejero.

Otro de los puntos que se va a modificar son los requisitos para que estos abogados puedan recurrir los fallos judiciales contra sus clientes. Requerirán de un mandato expreso de sus defendidos para poder acudir a instancias superiores. El consejero justificó esta medida en el "abuso" de algunos miembros del turno de oficio que, según dijo, recurrían aun sin tener mandato expreso de sus defendidos y, en ocasiones, cuando éstos ni siquiera están en territorio español. Granados argumentó también que esta medida servirá para quitarles trabajo a los jueces. Y recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tachado las situaciones anteriores de "abuso" porque colaboran al colapso de los juzgados.

La última reforma de la Ley de Extranjería, que entró en vigor a mediados del pasado mes de diciembre, recoge en su artículo 22 varios requisitos para poder acceder a la justicia gratuita. Entre ellos están que los inmigrantes deberán acreditar que tienen derecho a recibirla. También obliga a que, en los procedimientos contencioso-administrativos, el inmigrante deberá acreditar que quiere recurrir en instancias superiores.Esta ley recoge que debe dejar "constancia expresa" de que el inmigrante quiere recurrir. En caso de que esté en el extranjero, esta solicitud "podrá realizarse ante la misión diplomática u oficina consular correspondiente", puntualiza la última reforma de la Ley de Extranjería.

La tercera modificación que supondrá el decreto, según avanzó ayer el consejero, se refiere a los delitos de tráfico, cuya asistencia jurídica paga la Comunidad de Madrid. "A partir de ahora, sólo se prestará asistencia a quien no tenga seguro o quien de manera fehaciente certifique y pruebe que no tiene suficientes ingresos", afirmó. Sin embargo, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, puntualizó a su consejero, ya que todavía no saben cómo se plasmará este tercer supuesto en el texto definitivo del decreto. Aguirre aseguró que "si no tiene seguro, no se va a premiar" al conductor que haya delinquido.

El decreto aún debe pasar la tramitación de información en diversas instancias. Granados explicó además que está en conversaciones con el Ministerio de Justicia para que los requisitos de la justicia gratuita sean equivalentes en todas las comunidades y se puedan añadir otras condiciones sobre las que no tiene competencia la Comunidad de Madrid.

El pasado martes, hubo una reunión entre el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia para tratar el sistema de justicia gratuita y la nueva oficina judicial.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Madrid no quiso hacer declaraciones hasta no conocer el contenido final del decreto. En la batalla que mantienen el Gobierno regional con los letrados, estos siempre han mantenido que la ley les obliga a defender a sus clientes hasta la última instancia (generalmente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional).

El tradicional toma y daca que ha caracterizado la relación entre el Colegio de Abogados de Madrid y el Gobierno regional se mantuvo ayer por la tarde. Fuentes de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia afirmaron que la Comunidad de Madrid había ingresado hacía un mes toda la deuda que tenía pendiente con los letrados por las minutas correspondientes a 2009. Esto suponía que sólo quedaba por pagar los casos de este año.

Una portavoz del Colegio desmintió este extremo y aseguró que todavía no han recibido los 20 millones de euros correspondientes al último semestre del año pasado. "Ese dinero está todavía pendiente de llegar y no tenemos noticias de que la Comunidad de Madrid lo haya enviado", apuntó la citada portavoz de los letrados. Hoy está previsto que comparezca ante los medios de comunicación el decano de los abogados.

La que sí estuvo más beligerante fue la secretaria de Política Social e Igualdad de CC OO en Madrid, Ana González, que acusó a la consejería que dirige Granados de "dejar desprotegidos a los beneficiarios del turno de oficio". "En lugar de reconocer la deuda y cumplir con los requisitos que fija la ley, dan una vuelta de tuerca para no pagar a los abogados. Con estas medidas están condicionando y limitando un derecho fundamental", concluyó González. "Sería necesario que el pago de la deuda fuera más ágil", añadió la responsable sindical.

El coordinador del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, criticó el decreto regional. En su opinión, sería ilegal que los inmigrantes tuvieran requisitos distintos a los españoles para acceder a la justicia gratuita. "No podemos crear limbos jurídicos que supongan un paso atrás. Este decreto lo veíamos venir por el impago que ha tenido en los últimos años la Comunidad de Madrid con el Colegio de Abogados", añadió Valiente.