Embargo a una firma del líder del PP de Santiago por deudas con Hacienda

La promotora inmobiliaria de Gerardo Conde Roa, parlamentario en el Congreso de los Diputados, presidente del PP en Santiago y más que probable candidato a las elecciones en esta ciudad, dejó de pagar las tasas para edificar en el ayuntamiento de Daimiel, en Castilla- La Mancha, y por eso la Diputación de Ciudad Real ha iniciado un procedimiento de embargo contra esta sociedad. Según consta en el Boletín Oficial de Ciudad Real, Geslander Proyectos de Edificación, SL, en la que Conde Roa ejercía como administrador único con el 99,99% de las acciones de la sociedad, dejó de abonar más de 59.000 euros en concepto de impuestos por licencias de obra y ocupación de la vía pública pese a los repetidos requerimientos de aquel ayuntamiento.

El presidente del PP en Santiago dio de baja a la sociedad en el IAE

La constructora ganó concursos para vender pisos de precio tasado

Tras varios intentos infructuosos de cobrar las tasas municipales, el Ayuntamiento de Daimiel dejó el asunto en manos del servicio de Tesorería de la Diputación de Ciudad Real, que fechó la primera reclamación el 14 de abril de 2009. Transcurridos 15 días de plazo, la institución provincial ordenó el embargó a la sociedad, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 de mayo de 2009. Mes y medio después, el 30 de junio de 2009, el presidente del PP en Santiago decidió dar de baja la constructora en el registro de Actividades Económicas, y Conde Roa abandonó el censo de empresarios, según consta en la documentación que él mismo envió al Congreso de los Diputados.

Pero los problemas fiscales de su constructora no acaban ahí. Tal y como consta en el Registro Mercantil, la Agencia Tributaria ha abierto otros tres expedientes a Geslander Proyectos de Edificación SL. El último de ellos ordena el embargo de las cuentas de la sociedad en una resolución aprobada por el Ministerio de Economía y que publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de febrero de 2010.

Tal y como admitió Conde Roa, en la declaración de bienes e intereses cuando tomó posesión de su acta de diputado en el Congreso, a finales de marzo de 2008, su constructora recibió adjudicaciones en concursos de distintas administraciones para promover viviendas de protección oficial. Además del proyecto de Daimiel, Geslander Proyectos de Edificación, SL construyó pisos de precio tasado en el municipio madrileño de Parla, en Lalín e incluso en Santiago de Compostela antes de concurrir como cabeza de lista del PP a las elecciones que lo convirtieron en jefe de la oposición en 2007.

El edificio de 47 viviendas que levantó en Santiago su empresa tampoco estuvo exento de polémica. Erigido en látigo del gobierno municipal que preside el socialista Xosé Sánchez Bugallo, Conde Roa vio como el alcalde, en respuesta a sus críticas por la gestión económica municipal, desveló que la constructora del líder de la oposición adeudaba a la tesorería del Ayuntamiento todos los recibos derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Conde Roa decidió entonces presentarse en una sesión plenaria con un talón por importe de 7.300 euros para saldar sus deudas con el consistorio. Los fotógrafos captaron la imagen del representante del PP con el cheque en la mano el 24 de abril de 2008. Pero, una semana después, se supo que Conde Roa no había ingresado el dinero en la ventanilla municipal. Así que el Ayuntamiento se vio obligado, cinco meses más tarde, a ejecutar el aval de la constructora para resarcirse de la deuda de 7.300 euros. El líder de la oposición prometió entonces ser un "forúnculo" para la coalición que gobierna Santiago. También avanzó que presentaría un recurso contencioso administrativo en el juzgado, del que nunca más se supo.

La sociedad Geslander Proyectos de Edificación SL, que según la información del Registro Mercantil, no ha sido liquidada, tiene el domicilio social en la calle Calzada de Sar, número 2, sede de otra constructora, Julio Rey Promociones Inmobiliarias, con intereses en Santiago. En el organigrama de Geslander figuran además como apoderados Amelia Trillo Pérez y Benito González Alonso, administradores a su vez de Millarcasa, SL, una empresa que ha promovido cientos de pisos de protección oficial en Santiago a través de cooperativas y que figuran con los mismos cargos en el organigrama de Suma 10, SA, una firma dedicada al alquiler de bienes inmuebles.