El bloque progresista intentó salvar la financiación fijada en el Estatuto

El Pleno del Tribunal Constitucional recomendó ayer al nuevo ponente de la sentencia del Estatuto catalán, el vicepresidente Guillermo Jiménez, que se diese prisa en redactar su ponencia para intentar tener la sentencia antes del verano. Sin embargo, parece casi imposible que el bloque progresista se sume a la nueva sentencia y, salvo que el magistrado Manuel Aragón consumase su integración en el bloque conservador y votase el mismo texto extremo que apoyarían Jorge Rodríguez Zapata o Javier Delgado, la situación padecida esta semana por el Constitucional volverá a reproducirse.

La ponencia de Elisa Pérez Vera introducía un recorte moderado en el Estatuto y dejaba las principales tachas de inconstitucionalidad al capítulo del Poder Judicial en Cataluña. Declaraba inconstitucional el precepto relativo al Consejo de Justicia de Cataluña, por entender que debe ser la Ley Orgánica del Poder Judicial la que resuelva la cuestión de los consejos de justicia autonómicos. También declaraba que el catalán no es la lengua "preferente" de las Administraciones públicas y medios de comunicación de Cataluña.

También avalaba la bilateralidad en las relaciones con el Estado

La nueva ponencia será muy difícil de asumir por los derrotados

Sin embargo, avalaba el concepto de bilateralidad como forma de cooperación entre el Estado y una Administración autonómica, y respetaba el sistema de financiación, salvo el inciso relativo a que la contribución debe basarse en un esfuerzo fiscal similar al de los diferentes gobiernos autonómicos en el conjunto del Estado.

También consideraba constitucional el "deber" de conocer el catalán siempre y cuando no quepa exigirlo con carácter generalizado, es decir, que no prevalezca sobre el castellano.

El principal escollo, el alcance del término "nación", habría resultado aceptable para el magistrado Manuel Aragón de haberse incorporado al fallo, y no sólo al último fundamento jurídico, llamado "conclusivo".

Según el Preámbulo del Estatuto, "el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación".

El proyecto de Pérez Vera significaba que al no tener el Preámbulo "contenido normativo", no tenían "eficacia jurídica interpretativa" las referencias a "Cataluña como nación" y a la "realidad nacional de Cataluña". Y en cuanto a los "símbolos nacionales de Cataluña", éstos también pasaban la tacha de inconstitucionalidad, siempre que se entendiesen como los símbolos de la "nacionalidad" de Cataluña, reconocida y garantizada en el artículo 2 de la Constitución, "dentro de la indisoluble unidad de la Nación española".

Habrá que contar con que la "indisoluble unidad de la Nación española" y, en general, los dos párrafos explicativos del alcance de término "nación" irán al "fallo" del primer proyecto de sentencia de Guillermo Jiménez, para satisfacer a Manuel Aragón.

Con incorporar ese aspecto al fallo, probablemente ya quedarían fuera la presidenta María Emilia Casas, la ex ponente Pérez Vera y, desde luego, Pascual Sala y Eugeni Gay. Y, por supuesto, sólo con eso no atraería a ninguno de sus compañeros del bloque conservador.

En suma, el texto del nuevo proyecto tendrá que endurecerse considerablemente para que los respalden todos los conservadores. Podría llegarse a un empate a cinco votos si Aragón, ante un texto en extremo devastador del Estatuto, votase en contra. En ese caso, el voto de calidad de la presidenta también puede tener sentido negativo, es decir, de rechazo del texto, lo que devendría en otra situación sin salida. Así que sólo si Aragón vota con los conservadores se alumbrará una sentencia, difícilmente asumible por el nacionalismo catalán.

Aunque el Pleno quiera tener el primer proyecto de Jiménez para dentro de 15 días, las deliberaciones sobre el nuevo texto no permitirían que, como pronto, hubiese sentencia antes del verano. Más allá de esa fecha, una eventual sentencia incidiría de forma posiblemente decisiva en la campaña de las elecciones autonómicas catalanas. Por tanto, si para esa fecha no hay sentencia, ya no la habrá, como pronto, hasta final de año.

El retraso en la sentencia del Estatuto está afectando también a otros asuntos, dado que el tribunal lleva más de un año volcado con el mismo. Pero, además, ahora afectará a uno en particular: el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley del matrimonio homosexual, de la que es ponente precisamente el vicepresidente Guillermo Jiménez. A la vez, Jiménez es uno de los cuatro magistrados que hace más de dos años han cumplido su mandato y deben ser renovados. Así que es dudoso que tenga tiempo y posibilidades de afrontar ambas sentencias.