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Urge un pacto por la sanidad

El próximo mes de junio se cumplirá el decimonoveno aniversario de la presentación del Informe Abril, conocido por ese nombre en recuerdo de quien presidió la Comisión de Expertos a la que el Gobierno de la nación encomendó el diagnóstico del Sistema Nacional de Salud y la elaboración de propuestas de mejora. Casi dos décadas después, muchas de las conclusiones y recomendaciones contempladas en dicho documento siguen estando plenamente vigentes y pendientes de aplicación; y además, hoy tenemos nuevos desafíos que afrontar.

Como entonces, la situación financiera de la sanidad pública es extraordinariamente difícil y sólo podemos esperar que se complique aún más si no se lleva a cabo una profunda reforma. Año tras año, los presupuestos aprobados son insuficientes para sufragar un gasto sanitario que crece a un fuerte ritmo. La intensa actividad económica vivida en España, entre la segunda mitad de los noventa y el primer quinquenio de este siglo, ha hecho tolerable la postergación de medidas estructurales de racionalización del gasto sanitario, porque cualquier desviación presupuestaria podía ser financiada con cargo al exceso de recaudación propio de los tiempos de bonanza. Pero la crisis económica ha corrido el velo tras el cual se escondían los viejos problemas y hoy el debate vuelve a girar en torno a qué hacer para garantizar la sostenibilidad de una sanidad pública que todos queremos preservar y mejorar.

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El informe Impulsar un cambio sanitario es posible, publicado recientemente por la Cátedra McKinsey de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, describe con toda crudeza la situación: la desviación del gasto sanitario en 2009 asciende a una cifra que se sitúa entre un 10% y un 15% del presupuesto inicial (entre 5.500 y 8.250 millones de euros); y prevé que el déficit de la sanidad pública pueda doblarse en 2010. De no producirse cambios, continúa el informe, el gasto sanitario se duplicará en la próxima década y la brecha financiera podría alcanzar 50.000 millones de euros. En el mismo sentido, la Comisión Europea ha situado a España en el grupo de países con "alto riesgo" de insostenibilidad de las cuentas públicas, como consecuencia del actual sistema de pensiones y del gasto sanitario.

Tenemos un buen Sistema Nacional de Salud, que ofrece una cobertura y unos resultados superiores a los de la mayor parte de los países de nuestro entorno. Pero es un sistema frágil, que necesita de un fuerte compromiso de todos -responsables públicos, profesionales, industria y pacientes- para salvar las dificultades que tiene ante sí.

Necesitamos un Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud que cumpla, al menos, cuatro condiciones:

a) Debe ser un Pacto político, que se construya sobre la renuncia a utilizar a los pacientes y a los profesionales sanitarios como arma arrojadiza en la confrontación partidista. Esa renuncia necesariamente tiene que ser un compromiso previo y expreso, a semejanza del que permitió alcanzar el Pacto de Toledo. En España existe un amplísimo consenso en torno a las características esenciales que debe reunir el Sistema Nacional de Salud: la sanidad es una prestación de alcance casi universal y financiada prácticamente en su totalidad con cargo a los impuestos que todos pagamos. Puesto que tenemos un sistema tributario progresivo, pagan más quienes más tienen, pero todos los españoles tenemos el mismo derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad. Tampoco hay diferencias sustanciales en cuanto a la gestión llevada a cabo por los Gobiernos autónomos de distinto signo: todos, por ejemplo, recurren a la colaboración público-privada para prestar el servicio sanitario, por citar un aspecto controvertido. En relación a la sanidad pública, es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa y, por tanto, más vale que dediquemos todas nuestras energías a consolidar una prestación que está en la base de la sociedad de igualdad de oportunidades.

b) Debe partir de un diagnóstico riguroso, que describa con total transparencia la situación. No hay que crear alarma, pero tampoco se pueden ocultar los problemas en nombre de una pretendida prudencia. Para poder adoptar las reformas que exige la situación del Sistema Nacional de Salud, hay que explicar a la sociedad con toda claridad el porqué de esas reformas, en qué consisten y cuáles serían las consecuencias de no hacer nada. Me temo que postergar ese diálogo con la ciudadanía y con los profesionales sanitarios, sólo puede desembocar en un clima de profunda desconfianza que haría más complicada la adopción de medidas.

c) Debe contemplar medidas proporcionadas a la dimensión del problema. El acuerdo adoptado en el último Consejo Interterritorial, de reducir el gasto farmacéutico en 1.500 millones de euros, es un paso en la buena dirección, pero apenas soluciona una décima parte del déficit de la sanidad pública en 2010. Las medidas para reducir el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios -que representa algo más de un tercio del gasto sanitario- deben ser de mayor impacto tanto cuantitativo como cualitativo; y sobre todo, no pueden ser las únicas medidas, porque no son suficientes. La mitad del presupuesto del Sistema Nacional de Salud se destina a retribuir a los profesionales en base a unas normas muy rígidas que impiden recompensar el buen desempeño individual y viceversa. El resultado es que en la última década se ha producido una "carrera" por aumentar las retribuciones, pero no ha tenido como contrapartida un incremento de la productividad. El aumento de la demanda que se ha producido como consecuencia del crecimiento de la población, de su envejecimiento y del aumento de la frecuentación, se ha satisfecho prácticamente en su totalidad con aumentos de plantilla. El problema que plantea la falta de productividad no sólo es económico, sino también de escasez de recursos humanos cualificados, que cada día es más evidente en muchas especialidades médicas. Capítulo aparte merece el mal uso -cuando no el abuso- que en ocasiones se hace de la sanidad pública, en ausencia de incentivos a un uso responsable semejantes a los que existen en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. Los pacientes que así se comportan son una minoría, pero suficiente para distorsionar el buen funcionamiento de los servicios y poner en riesgo la equidad del Sistema.

d) Por último, además de las medidas para abordar la insuficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud, que deben adoptarse con urgencia, un Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad debe contemplar otras medidas relativas a la cohesión, la cobertura y la calidad. La transferencia de la gestión sanitaria a las Comunidades Autónomas ha contribuido a acercar y a ampliar un servicio público esencial, pero se están levantando fronteras burocráticas que limitan el acceso de todos los pacientes, con independencia de donde vivan, a todos los recursos del Sistema; y dificulta el aprovechamiento de posibles economías de escala que traerían consigo un aumento de la eficiencia. Por otra parte, el derecho a la sanidad pública todavía no es universal, pues sigue estando vinculado a la situación de alta en la Seguridad Social -pese a que desde hace más de 10 años no se financia con cargo a las cuotas de la Seguridad Social, sino con impuestos generales- y a otras normas que dan cobertura sólo a algunos grupos concretos -como los inmigrantes, las personas con discapacidad o los menores- pero que dejan fuera a otros, como por ejemplo a muchos de los parados de larga duración. Además, es preciso dar un salto hacia una mayor calidad y para ello es necesario reducir aún más las demoras y reconocer a los pacientes el ejercicio sin restricciones de la libertad de elección de médico.

Todas estas cuestiones están desde hace tiempo en la agenda de trabajo del Consejo Interterritorial de Salud. Corresponde al Gobierno de la nación impulsar la propuesta de Pacto del Consejo -que representa al Sistema Nacional de Salud- a las Cortes Generales, que es donde debe residenciarse un acuerdo de esta naturaleza. Afirmaba recientemente el ex comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, que "las reformas no suponen ningún drama, el drama es no hacer nada". Coincido con este destacado miembro del Partido Socialista en que "España debe actuar ya". No tenemos más tiempo que perder.

Juan José Güemes es presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora de IE Business School y ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 13 de abril de 2010.

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