Enmienda inoportuna

Los accionistas que acudieron a la junta de Iberdrola del viernes pasado asistieron en directo al enfrentamiento entre el Consejo de Administración de Iberdrola, presidido por Ignacio Sánchez Galán, con la constructora ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, intenta nombrar un consejero en representación del 12% del capital de Iberdrola. ACS propuso el nombramiento de José María Loizaga como representante en el Consejo; inmediatamente después, uno de los accionistas presentes pidió que se revocara el nombramiento argumentando que ACS es una empresa competidora de Iberdrola en el negocio de la energía.

Como en los mejores sainetes, el consejero nombrado salió por la misma puerta que había entrado; ACS impugnó la junta y espera la decisión de los tribunales, que es donde deben resolverse las diferencias.

El conflicto societario en Iberdrola es uno de los motivos (el otro sería la pretensión de la constructora Sacyr de aumentar su poder de decisión en el grupo petrolero Repsol) que, cual secreto a voces, impulsó la enmienda a la Ley de Auditorías mediante la cual el grupo parlamentario socialista pretendía eliminar los blindajes accionariales, es decir, la limitación de voto vigente en la actualidad que impide que cualquier accionista vote por más del 1% del capital. Con buen criterio, el PSOE aplazó el miércoles pasado la votación sobre la enmienda hasta el próximo 6 de abril; y el presidente del Gobierno demostraría que comparte ese criterio si decidiera aplazar sine díe, o al menos hasta que la recuperación económica sea algo más que un vago presentimiento, la supresión de los blindajes. Para reconsiderar el espinoso problema de los blindajes accionariales es necesario un periodo de reflexión imparcial; una condición que hoy, en pleno fragor de la batalla de presiones en torno a Iberdrola y Repsol, con el PNV totalmente en contra de la reforma y el resto de los partidos políticos sin posiciones definidas, no se da.

Hay dos razones políticas para retrasar un debate sobre la cuestión. La primera es de oportunidad: para el Gobierno, la prioridad debe estar en reducir el paro, organizar un plan para recortar el gasto público y recapitalizar las entidades bancarias. La segunda es que no se debe recurrir a costosos cambios normativos para resolver problemas individuales; hay indicios suficientes de que la enmienda antiblindajes sólo responde a los problemas de ACS y Sacyr.

Pero hay una razón más de fondo que desaconseja el cambio legal. Iberdrola y Repsol son empresas estratégicas. Operan en mercados regulados y en régimen de tarifa. Su estabilidad accionarial y sus decisiones ejecutivas no deben estar sometidas a los vaivenes del mercado inmobiliario o a la irrupción de accionistas que entienden el negocio de la energía como fuente para equilibrar las cuentas. Si el Gobierno esgrimió el carácter estratégico para evitar que E.ON comprase Endesa, sería una grave inconsecuencia que ahora, sin que medie una reflexión mínima y a través de una enmienda precipitada, se desentendiese del futuro de Iberdrola y Repsol.