La banca acumula 60.000 millones en activos inmobiliarios por los morosos

"La exposición al sector de construcción y promoción inmobiliaria supone un riesgo relevante para el sistema bancario español". Esta es la primera frase de un artículo sobre el sector inmobiliario del Informe de estabilidad financiera del Banco de España publicado ayer. En él se dice que las entidades, entre las adjudicaciones de activos, las daciones en pago y las compras, suman 59.700 millones a diciembre de 2009. El supervisor explica que esta actividad "es una herramienta habitual" cuando se trata de préstamos relacionados con el sector de la construcción y promoción inmobiliaria porque se garantizan con activos reales. También reconoce que esta cifra puede estar sesgada al alza por posibles duplicidades.

El informe calcula "toda la exposición potencialmente problemática" en el ladrillo, "que es de 165.500 millones". Para llegar a esta cantidad, tiene en cuenta los activos dudosos (en los que ya hay algún impago por un plazo de más de 90 días); los subestándar (presentan debilidades que pueden degenerar en deudas); las adjudicaciones; las compras de activos y los fallidos (pérdidas fehacientes).

El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez calcula en 445.000 millones los créditos concedidos a empresas de construcción y promoción inmobiliaria. De este paquete, si se quitan las inversiones en subsectores eléctricos, infraestructuras aeroportuarias, petróleo y construcción de carreteras o vías de tren, el riesgo se queda en 402.000 millones.

El sector cuenta con provisiones totales como para hacer frente a una devaluación del 35% en los precios de los inmuebles, sin tener que recurrir a los beneficios. Ese es el colchón con el que se enfrentan a 2010. Pero esto son cifras del sector. Si se baja al detalle, no todas las entidades están en la misma posición. El Banco de España alerta de una gran heterogeneidad. Algunas cajas o bancos están terminando sus reservas, otras tienen una parte muy grande de sus créditos concentrados en el ladrillo...

El informe aclara las condiciones que el Banco de España ha puesto a los sistemas institucionales de protección (SIP), denominadas fusiones frías o virtuales, porque no se integran los consejos de administración ni las oficinas de los territorios de origen. Los SIP reforzados -se entiende que son todos los planteados- deberán mantenerse "un mínimo de 10 años y con penalizaciones claramente desincentivadoras a las bajas" que se produzcan. Al menos el 40% de los resultados deben colocarse en el holding común que controle el grupo, que debe asegurar la solvencia, liquidez y dirección centralizada, profesional y no asamblearia.