La guerra entre Iberdrola y ACS se traslada al Congreso

Los lobbis, los grupos de presión que tratan de influir a la hora de elaborar leyes, no están legalizados en España, al contrario de lo que sucede en EE UU. Sin embargo, basta hablar con los diputados encargados de asuntos que afectan a intereses empresariales para constatar que existen, y se mueven. En los pasillos del Congreso estos días no se habla más que de un asunto que atribula a todos los grupos por las incesantes presiones. Se trata del llamado blindaje de las sociedades anónimas.

En el trasfondo de la reforma propuesta por el PSOE está, según todos los diputados consultados, la batalla entre el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El primero, accionista principal de Iberdrola a través de ACS (12%), quiere entrar en el consejo de la eléctrica vasca, pero el segundo trata de impedírselo.

Las presiones están siendo muy intensas, según varios diputados. Tanto, que algunos claman en privado. "Estamos privatizando el Congreso", señala uno.

Lo cierto es que el PSOE se ha decidido por una reforma que, aunque no se podrá aplicar antes de la junta de Iberdrola del próximo 26 de marzo, sí supone un impulso a los intereres de ACS y otras empresas. Los nacionalistas vascos del PNV, indignados con la reforma socialista, presentaron ayer una enmienda transaccional que beneficiaría más a los intereses de Sánchez Galán, presidente de la empresa con sede en Bilbao. Y el PP, en éste como en otros asuntos, aún no se ha definido, pero está más cerca de la abstención.

"Este problema lo tiene el Gobierno, es él quien debe asumir el coste. Además, nosotros, en la oposición, no estamos como para pelearnos con nadie", señala un dirigente popular para defender que lo más probable es que este partido se abstenga. Bastaría una abstención del PP para que la reforma se aprobara. CiU insiste en que aún no ha tomado posición, pero la lógica política indica que debería estar con la reforma porque es un grupo tradicionalmente cercano a La Caixa, también afectada por este cambio como propietaria del 14% de Repsol.

La ponencia para elaborar la reforma se tenía que reunir hoy, y el texto se votaría la próxima semana, aunque el PNV reclamó ayer que se retrase hasta que las posiciones estén más claras.

La enmienda que defiende el PSOE trata de modificar el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 para eliminar las limitaciones del derecho de voto en las empresas, fijada en el 10% del capital. La limitación, impuesta en 1951, copia de la ley alemana, cumplía una función de salvaguarda para las minorías evitando que el socio mayoritario ejerciera una posición preponderante. Pero, con el paso del tiempo y en el marco de un mercado de valores más abierto y una legislación europea, esas cláusulas se han convertido en un instrumento de blindaje de los directivos y en un mecanismo de defensa frente a potenciales inversores interesados en adquirir una gran participación en una sociedad.

De ahí que el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, elaborado por iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2006, así como las directrices comunitarias, aboguen por la supresión de los límites al voto. La ley de OPA obliga a lanzar una oferta en cuanto un inversor o un grupo de inversores supere el 30% del capital de una sociedad cotizada.