El PSOE acepta retrasar la votación de la 'enmienda Florentino'

Finalmente, Florentino Pérez, presidente de ACS, ha perdido la primera batalla contra Iberdrola en el Congreso, aunque la guerra sigue. El PSOE ha aceptado retrasar la votación de la enmienda del blindaje de las sociedades anónimas -conocida como enmienda Florentino, y definida así esta tarde por el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu- hasta después de Semana Santa, tal y como pretendía el PNV con el apoyo del PP. La noticia llega en medio de la guerra entre Iberdrola y ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, exige su derecho a entrar en el consejo de administración después de adquirir el 12% de la primera.

El retraso supone una victoria moral para la eléctrica a dos días de que se celebre su junta de accionistas en Bilbao. Los socialistas, apoyados en este asunto por CiU, pretendían aprobar la enmienda antes de la junta, como quería Pérez. Sin embargo, el PNV se movió para defender los intereses de la empresa vasca y ya tenía el apoyo de todos los grupos menos el PSOE para retrasar la votación.

Los socialistas, ante la tesitura de perder, decidieron aceptar el retraso, que finalmente se aprobó sin votación, por asentimiento, de manera que ningún grupo, salvo los nacionalistas vascos y Joan Herrera (IU-ICV) que hablaron en contra de la enmienda, tuvo que retratarse en un asunto muy delicado y con muchas presiones empresariales y en el que todos, especialmente el PP, se sienten incómodos.

El PNV se ha movido en este asunto defendiendo la posición del presidente de la compañía vasca, Ignacio Sánchez Galán. El PP no estaba de acuerdo con el fondo de la posición del PNV, y más bien apostaba por abstenerse en la enmienda, una manera, según explican fuentes de este partido, de no enfadar ni a Pérez ni a Sánchez Galán. Sin embargo, sí estaba de acuerdo en retrasar la votación hasta que las posiciones de los grupos estén más definidas. Los populares preferían dejar que el Gobierno se llevara el coste de apostar por uno de los dos contendientes, pero con su apoyo al PNV se acercó un poco indirectamente a uno de los dos sectores, el de la dirección de Iberdrola.

La enmienda que defiende el PSOE trata de modificar el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 para eliminar las limitaciones del derecho de voto en las empresas, fijada en el 10% del capital. La limitación, impuesta en 1951, copia de la ley alemana, cumplía una función de salvaguarda para las minorías evitando que el socio mayoritario ejerciera una posición preponderante. Pero, con el paso del tiempo y en el marco de un mercado de valores más abierto y una legislación europea, esas cláusulas se han convertido en un instrumento de blindaje de los directivos y en un mecanismo de defensa frente a potenciales inversores interesados en adquirir una gran participación en una sociedad.

De ahí que el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, elaborado por iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2006, así como las directrices comunitarias, aboguen por la supresión de los límites al voto. La ley de OPA obliga a lanzar una oferta en cuanto un inversor o un grupo de inversores supere el 30% del capital de una sociedad cotizada.