"No puede haber autonomía universitaria por decreto"

FRANCISCO ALBURQUERQUE «La autonomía ha de ser la pieza fundamental en la construcción de una auténtica alternativa universitaria. Entiendo que la autonomía debe abarcar los siguientes campos: 1) Autonomía para la selección del profesorado y contratación laboral del mismo, basada en criterios de efectiva capacitación docente e investigadora. Este profesorado debe estar básicamente dedicado a la universidad, para que ello permita potenciar equipos de trabajo e investigación.2), Autonomía para la elaboración de los planes de estudio y proyectos de investigación, que deben tener en cuenta las auténticas necesidades de las diversas realidades sociales y nacionales de los pueblos del Estado español. Y autonomía, también, para la realización de las formas de enseñanza no autoritarias, que potencien, en este trabajo teórico universitario, la capacidad de la crítica y el desarrollo del único criterio científico, que es la duda; porque en esto creo que consiste el aprendizaje de la libertad: en el derecho a dudar de la necesidad de lo necesario. 3) Autonomía para la libre distribución de los fondos presupuestarios asignados a la universidad. Esta distribución debería realizarse con la participación democrática e igualitaria de cuantos componen la universidad: profesores, trabajadores no docentes y estudiantes, quienes decidirán colectivamente el destino de los fondos asignados. Entendemos que el servicio público de la enseñanza, en todos sus grados, debe ser gratuito. Ello está en íntima relación con la reforma fiscal progresiva que se precisa en esta sociedad.

4) Autonomía para la elaboración democrática de los necesarios estatutos universitarios, que permitan este funcionamiento autogestionario. Es necesario que esto suponga la participación de todos los trabajadores de la enseñanza y la investigación en la gestión y funcionamiento democrático de los centros.

Con respecto quiénes pueden bloquear la autonomía universitaria, es evidente que las mismas fuerzas qué durante años han mantenido en pie la universidad burocrática, autoritaria y funcionarial del pasado -la universidad franquista, en una palabra- y concretamente los cuerpos de funcionarios numerarios que la han sustentado. Estas fuerzas son las que se siguen oponiendo hoy a nuestras reivindicaciones por una enseñanza e investigadión científicas autónomas, libres y críticas, que se inserten en las necesidades verdaderas de las diversas realidades sociales y nacionales de los pueblo del Estado español.

Es evidente que, para el actual Ministerio de Educación y Ciencia no parecen haber llegado los necesarios aires de la reforma, pues tal y como viene mostrando públicamente, sigue empeñado en reproducir una universidad que en estos momentos es ya claramente inviable. »

NICOLAS MARIA LOPEZ CALERO

«Entiendo la autonomía como la democratización de las estructuras universitarias, tanto en su funcionamiento interno como en sus relaciones con los poderes estatales. La autonomía no puede existir sin la participación de todos los esta mentos universitarios en la determinación de los fines y la gestión de los medios de la universidad. Por todo lo anterior, pienso que no puede haber autonomía por decreto. No tendría que haber decreto, sino convocatoria de un congreso constituyente de la universidad que superara la política autoritaria centralista y de parches que se ha realizado y se realiza. Este congreso constituyente, en el que deberían participar numerarios, no numerarios y personal no docente, establecería las bases de una universidad nueva y dejaría libertad a cada distrito y a cada estamento en concreto para que determinara más particularmente sus estructuras, objetivos y medios. Sin un congreso constituyente de este tipo no habrá ni autonomía ni universidad. Sobre cómo llevar a cabo la autonomía en los planos económico, de selección del profesorado, de elaboración de estatutos, etcétera, deberían pronunciarse todos los estamentos en el encuentro constituyente al que he aludido y en los claustros democráticos de cada universidad. Personalmente, salvando los Intereses prioritarios de toda la sociedad española, pienso que debería exigirse una libertad para los distintos pueblos, regionalidades y estamentos, siempre que se eviten los desequilibrios actualmente existentes.Con respecto a quiénes deben participar en la gestión de la universidad, creo que todos los estamentos -numerarios, no numeraríos y no docentes-, si bien en cada área o sector de trabajo los esquemas de funcionamiento tendrían que ser distintos.

En cuanto a cómo controlar a los catedráticos en un sistema de autonomía, tal control debe ser igual al aplicado para cualquier otro estamento. Catedrático no debe ser sinónimo de status de privilegio y poderes excepcionales, sino un simple reconocimiento de un nayor saber y una mayor experiencia docente e investigadora, objetiva y continuamente contrastada. »

JOSEP LAPORTE

«A la universidad le conviene, a mi entender, un sistema que asegure su funcionamiento autónomo y que implique al mismo tiempo una intervención de la sociedad, tanto en la fijación de sus grandes directrices como en el ejercicio de un control efectivo sobre sus actividades. Por ser la universidad un servicio público, es obvio que un Gobierno democráticamente elegido debería ejercer esta tarea centralizadora. Ahora bien, para que la universidad sea realmente autónoma es preciso que disponga de una dotación económica que permita la realización de los objetivos que la sociedad le señale. Al mismo tiempo, la universidad debe tener la capacidad de distribuir los fondos públicos puestos a su disposición de la manera que crea más racional. Es obvio que sin esta autonomía financiera no pueden darse los restantes condicionantes propios de la imprescindible autonomía universitaria: fijación y establecimiento de planes docentes y de investigación, determinación del acceso de los alumnos y, punto de vital importancia, selección, adscripción y eventual promoción de su profesorado.

Por otra parte, es preciso que cada universidad pueda establecer democráticamente el estatuto del profesorado que regule todas las cuestiones relativas a éste, hasta ahora, conflictivo tema. El estatuto debería contemplar la racionalización de los procedimientos de selección, adscripción y promoción del profesorado, la simplificación de las categorías docentes, la desaparición de las interinidades y de las absurdas diferencias de atribuciones y retribuciones entre profesores con análoga capacidad y con tareas equiparables, y el riguroso control no sólo de la capacidad, sino también de la dedicación de todos los docentes e investigadores.

Con respecto a los obstáculos para llevar esto a cabo, no creo que nadie, con espíritu realmente universitario, pueda oponerse ni al establecimiento de la autonomía universitaria -que, ciertamente, -implica un mayor grado de responsabilidad-, ni a la racionalización de los principios por los que se rige el funcionamiento de nuestra vetusta institución. Creo, por otra parte, que este es el momento adecuado para iniciar un gran debate sobre cuáles han de ser las futuras directrices de la universidad, una vez el país sea realmente democrático. Y me parece obvio que en este debate deben participar, al lado de los universitarios, todos aquellos sectores de la sociedad que se sientan interesados por el tema.»