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Editorial:

Primero, credibilidad

El Gobierno vuelve a desmentirse al descartar la congelación salarial de los funcionarios

La primera reunión del Gobierno con los partidos políticos para pactar las líneas de actuación contra la crisis económica concluyó con un discurso de buenas intenciones de la vicepresidenta Elena Salgado, dispuesta a escuchar todas las propuestas de la oposición y a conseguir el máximo consenso en el plazo de dos meses fijado por el presidente del Gobierno y con una nueva demostración de que el Partido Popular (PP) no está dispuesto a consensuar otra cosa que no sea "un cambio en la política económica". Como ese cambio no sería aceptable políticamente, la primera impresión es que, al menos ante la galería, el PP no desea un acuerdo político para reforzar la solvencia exterior de la economía española. El PP se encuentra entre la espada de negar cualquier apoyo político al presidente del Gobierno, en el convencimiento de que su deterioro político facilitará el triunfo electoral de Mariano Rajoy, y la pared de no defraudar las expectativas que la opinión pública ha puesto en un pacto anticrisis.

La vicepresidenta Salgado parece tener muy claro que el Gobierno presentará el lunes a la consideración de los partidos un documento "extenso" con medidas económicas concretas para su discusión y acuerdo. Pero, antes que las cuestiones de método y calendario, o el papel que debe desempeñar la oposición en la salida de la crisis (la reducción del gasto y la reforma de las cajas dependen también de las comunidades autónomas), el Gobierno tiene que resolver su torpeza para la gestión política a corto plazo. Cada paso adelante que propone va seguido poco tiempo después por dos pasos atrás. Ayer, la vicepresidenta Salgado y el vicepresidente Chaves negaron que el Gobierno vaya a congelar el sueldo de los funcionarios, una medida que había sugerido el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Como en el caso de la reforma de las pensiones, las decisiones que se abandonan son las correctas. No hay recorte del gasto creíble si no incorpora una congelación de los sueldos de los funcionarios y una simplificación de la fronda burocrática, en el Estado central y en las autonomías.

Las indecisiones y los "fallos de comunicación" son el disolvente más eficaz de la credibilidad del Gobierno. De nada sirve anunciar que habrá una reducción sustancial del número de empresas públicas si la opinión pública se teme que habrá una rectificación de la medida, verbal o de hecho, en cuestión de días o incluso de horas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de febrero de 2010