El Supremo italiano declara prescrito el 'caso Mills'

El Tribunal Supremo italiano anuló ayer la condena por corrupción en acto judicial del abogado David Mills al considerar que el delito ha prescrito. El letrado británico había sido considerado culpable en dos primeras instancias judiciales y condenado a cuatro años y medio de cárcel por haber cobrado 600.000 dólares (450.000 euros) de Silvio Berlusconi tras declarar a favor de éste en dos juicios celebrados en los años noventa.

Según el Supremo, Mills cometió el delito, es decir, mintió en sus declaraciones y cobró después por ello un soborno de Berlusconi, pero el crimen de corrupción en acto judicial se consumó el 11 de noviembre de 1999 y no en febrero de 2000, como sostenían las sentencias previas, con lo cual han pasado ya los 10 años que fija la ley y se considera extinguido el delito.

Para el tribunal, la fecha exacta de la corrupción se produjo en el momento en que los emisarios de Carlo Bernasconi (directivo de Fininvest ya fallecido) comunicaron a Mills que le habían depositado en un fondo los 600.000 dólares en acciones, y no cuando el abogado dispuso finalmente del dinero en su cuenta personal.

La salomónica sentencia supone una victoria pírrica tanto para el abogado como para el primer ministro, ya que se considera probado que éste corrompió a Mills, creador del entramado de empresas off shore de Fininvest.

Efecto para Berlusconi

El proceso abierto contra Berlusconi quedará ahora probablemente sin efecto. La causa contra el primer ministro, por el mismo delito imputado a Mills, fue separada de ésta tras la aprobación, el año pasado, de la ley de inmunidad que impedía procesar a los altos cargos del Estado y que al final fue declarada inconstitucional.

Aunque el proceso a Berlusconi fue suspendido durante un año, la prescripción llegaría en noviembre próximo, según la tesis del Supremo, lo que deja sólo unos meses para llegar a una sentencia definitiva. Berlusconi se librará así, como en otras ocasiones en el pasado, de ser condenado gracias a la prescripción.

Durante la audiencia, el fiscal general del Supremo, Gianfranco Ciani, subrayó que no había motivos para absolver a Mills del delito atendiendo al "contenido" de los hechos probados. Por eso, irónicamente, el Supremo le castiga a indemnizar con 250.000 euros al Gobierno "por haber perjudicado la imagen de la justicia italiana".