El Gobierno rompe por sorpresa la negociación sobre la Lei de Caixas
La Xunta muestra su "indignación" por la "deslealtad del Ejecutivo" - Política Territorial canceló una reunión prevista unas horas antes de celebrarse
A mediodía de ayer, en la rueda de prensa que ofrece cada semana Alberto Núñez Feijóo tras la reunión con su Ejecutivo, el presidente de la Xunta pedía al Gobierno de España que desbloquease la Lei de Caixas gallega -recurrida al Tribunal Constitucional- y mostraba su esperanza en avanzar en la reunión que estaba prevista pocas horas después. Mientras charlaba con los periodistas de modo informal, un colaborador se le acercó y le dijo que no habría tal reunión, informa José Precedo. Los negociadores de Moncloa la habían cancelado por sorpresa cuando los representantes de la delegación gallega estaban a punto de coger un avión para Madrid.
La expedición de la Xunta estaba encabezada por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda y la de Facenda, Marta Fernández Currás. Ambos cancelaron su viaje a Madrid y ofrecieron una rueda de prensa por la tarde en la que aseguraban tener un sentimiento de "indignación y estupor al comprobar un grado más de deslealtad del Gobierno a Galicia".
Los socialistas dicen que Feijóo ha caído en su "propia tampa"
"Nos llamaron y nos dijeron que o firmábamos la ley andaluza o que mejor no fuéramos porque no íbamos a alcanzar ningún acuerdo. No especificaron ni en qué términos ni si era referido a la totalidad de la ley o a los aspectos recurridos. Ni siquiera nos pasaron ningún tipo de documentación. Después de 20 horas de negociación previa fue así de indignante. Y eso no lo podíamos aceptar", señaló Rueda. Precisamente, en unas declaraciones que hizo Feijóo el pasado lunes en el País Vasco, se mostró dispuesto a "copiar la ley andaluza" si eso era lo que más le gustaba al Gobierno. La conselleira de Facenda matizó que después de esas declaraciones, el martes, se produjo una reunión entre la Xunta y el Gobierno en la que había cinco puntos de desacuerdo que los gallegos estaba dispuestos a "acompasar con otros preceptos".
Fernández Currás censuró la actitud del Gobierno central y dijo no entender que ahora proponga "un corta y pega" de la ley andaluza, cuando el propio Zarrías había rechazado esta posibilidad. Además, criticó que en el debate se plantearon asuntos que van "más allá" de los contenidos en el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional.
Ni Rueda ni Currás quisieron dar completamente por cerradas las negociaciones con el Gobierno, pero aseguraron que ya está claro que sus intenciones "no son jurídicas, sino políticas", que "la ley gallega es constitucional" y que lo que busca el Ejecutivo es "bloquear que Galicia tenga la posición que merece en el sistema financiero".
El conselleiro de Presidencia pidió también al Ejecutivo que aclare en qué consiste la alternativa que ofrece. Lo "procedente", en su opinión, sería haber mantenido la convocatoria de la reunión y debatir la propuesta en ese contexto. Por el contrario, se mostró perplejo tras conocer que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se enteró de que el encuentro se cancelaba prácticamente al mismo tiempo que la Xunta: "¿Con quién hay que seguir hablando, con Gaspar Zarrías [secretario de Estado de Cooperación Territorial, que lleva las negociaciones], con Caballero, con el PSOE?".
La traslación de los artículos de la ley andaluza afectaría a las disposiciones clave que la norma gallega había introducido para allanar el camino a la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova. Por una parte, podría retrasar hasta siete meses la renovación de los órganos de las cajas, lo que dejaría un plazo muy estrecho para acogerse a las ayudas del fondo de reestructuración bancaria (FROB). Además, establece que cualquier fusión debe contar con el apoyo de dos tercios de los miembros de la asamblea de cada caja (la ley gallega habla de mayoría simple), un listón que podría ser demasiado alto para hacer que Caixanova aceptase una asociación a la que se oponen sus actuales directivos.
Tras la suspensión de las negociaciones, el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez lamentó el "vodevil" en que, a su juicio, se han convertido las negociaciones entre la Xunta y el Gobierno y pidió "concluirlas" presentando un recurso de inconstitucionalidad contra el FROB. Vázquez censuró el "desplante" a la Xunta y le demandó al Gobierno gallego "que se haga respetar" con la presentación del recurso, usándolo como herramienta de "fuerza política". Así sostuvo que, con la suspensión del encuentro, el Ejecutivo central "a quien agrede es a este país" y advirtió de que Galicia "no se merece este tipo de desplantes por parte del Gobierno estatal", al tiempo que aseveró que estas conversaciones "no debieron haber tenido lugar nunca". El líder nacionalista se preguntó por qué el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no quiere presentar el recurso", mientras que al Gobierno central le requirió que "aclare qué es lo que pretende con este teatro".
También se pronunció tras conocer la cancelación del encuentro el secretario general de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, quien aseguró que Gaspar Zarrías le había explicado que la reunión se anuló porque el Gobierno autónomo rechazó la opción de adaptar la Ley de Cajas gallega al marco normativo andaluz, tal y como había propuesto Feijóo.
En declaraciones a Europa Press, tras hablar con Zarrías, el dirigente de los socialistas gallegos denunció que "Feijóo vuelve a engañar a los ciudadanos de este país" porque, pese a que ofreció públicamente "copiar" la Ley de cajas andaluza, que "traslada literalmente la LORCA" (Ley de Órganos Rectores de Cajas), "ahora ya no le vale". "Ellos cayeron en su propia trampa, la Xunta no iba allí a buscar un acuerdo de cumplir incluso lo que ellos mismos proponían", criticó.
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