Alerta sobre el deterioro de la democracia en Venezuela

Ausencia de independencia de los poderes públicos. Restricciones a los derechos políticos. Utilización del poder punitivo del Estado para intimidar a los opositores. Represión contra periodistas y medios de comunicación. Creación de grupos paramilitares... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado la voz de alerta sobre el deterioro político en Venezuela con un informe que pone de manifiesto cómo el Gobierno de Hugo Chávez va desmantelando, desde dentro, el régimen democrático, alterando el equilibrio de poderes y erosionando "seriamente" las libertades.

La comisión, encargada de velar por los derechos humanos en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), explica que las autoridades venezolanas prohibieron la visita de sus expertos, aunque aceptaron enviar información y responder a un cuestionario.

El documento, titulado Democracia y Derechos Humanos en Venezuela y presentado ayer en Washington, indica que las trabas para el juego político se materializan en "mecanismos para restringir el acceso al poder" de la oposición, como la inhabilitación, en las municipales de 2008, de 260 candidatos, o la limitación "de las competencias de autoridades electas por voto popular" para impedir que ejerzan su mandato, como ha ocurrido con el alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma.

Otro de los pilares del edificio democrático, la separación de poderes, también se tambalea. La CIDH expresa su alarma por "la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político". La inexistencia de oposiciones a cargos de jueces y fiscales, que son nombrados discrecionalmente, la provisionalidad en sus funciones (sólo la mitad de los 1.896 jueces son titulares) o la arbitrariedad en los procesos de destitución tienen maniatados a los funcionarios judiciales.

Junto a ello, se agudizan las restricciones de las libertades civiles. Los investigadores resaltan la "preocupante tendencia a castigar, intimidad y agredir" a quienes expresan su disenso con el Gobierno. Las medidas para acallar las voces críticas van desde el castigo legal a la violencia física. En los últimos cinco años, más de 2.200 personas han sido procesadas por participar en manifestaciones. La intimidación se ceba especialmente con los medios de comunicación. Las leyes que regulan la libertad de expresión, dice la CIDH, "son incompatibles con la Convención Americana". El informe denuncia las agresiones contra periodistas (que han llegado al asesinato en dos casos), el cierre de medios críticos y la censura previa.

La CIDH señala también la proliferación de grupos paramilitares. Los estatutos de la Milicia Nacional Bolivariana, creada a imitación del modelo cubano, son de una vaguedad "preocupante". Y los grupos de choque progubernamentales han tomado el control de las zonas urbanas populares con la connivencia de las fuerzas de seguridad.