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Editorial:

Estocadas políticas

Los Gobiernos autónomos rechazan las fusiones de sus cajas con las de otras comunidades

Aunque es la reforma más perentoria, la reestructuración de las cajas de ahorros, mediadoras imprescindibles del crédito a la pequeña y mediana empresa, se ha quedado atascada en varios conflictos que los políticos y las autoridades económicas son incapaces de resolver. El Tribunal Constitucional ha suspendido la Ley de Cajas gallega, con la que se pretendía inducir una fusión políticamente grata a la Xunta entre Caixa Galicia y Caixanova, a pesar de la nula eficacia de esta asociación. No es el único obstáculo a la reforma. La fusión virtual de Caja Burgos con Caja Navarra y Caja Canarias se ha interrumpido por una oportuna suspensión del consejo de la caja burgalesa. Hay que recordar que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) no se ha estrenado, que su vigencia caduca en junio y que el sistema financiero español es, de entre todos los europeos, el que más redujo el crédito en 2009.

Los Gobiernos autónomos -casi todos, pero en especial los dominados por el PP- están boicoteando, de hecho, la salvación de las cajas. Se niegan a admitir fusiones de sus entidades con otras de distintas autonomías porque no quieren quedarse sin la ventanilla de dinero de fácil disponibilidad para dirigir la inversión en sus territorios. Esta subordinación política, responsable parcial, entre otras lacras, de la ruinosa inversión comprometida por las cajas en promociones inmobiliarias, choca con una racionalidad elemental: en algunos casos, las fusiones de cajas de la misma comunidad no mejoran los balances de las fusionadas ni garantizan el funcionamiento solvente en el futuro. Pero los Gobiernos implicados, como los de Castilla y León, Galicia o la Comunidad Valenciana, sólo atienden al voto parroquial y al localismo empecinado en gestionar el dinero con miras caciquiles.

El momento es delicado, porque algunas entidades necesitan urgentemente una inyección financiera y una mejora de la gestión. Lo peor es el desorden institucional que se deduce de unos Gobiernos autónomos enfrentados a la autoridad del Banco de España, formalmente el árbitro de la reforma financiera, e incluso a los presidentes de sus partidos, como en el caso de Caja Madrid. El presidente del Gobierno prometió que en el primer semestre estarían concluidas las grandes reformas económicas; pero el rescate de las cajas todavía está bloqueado debido al desafío político y a la falta de lealtad y respeto institucionales de varios Gobiernos autónomos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de febrero de 2010