La 'tasa prostíbulo' reina en la frontera

Los municipios de la frontera catalana con Francia sufren una fuerte presión de prostíbulos. Girona alberga buena parte de los mayores hoteles del sexo. Sus consistorios los padecen, pero también sacan tajada. Agullana, Capmany y Siurana, en la comarca del Alt Empordà, cobran desde hace tiempo una cantidad anual por cada habitación. Las ordenanzas fiscales varían en función del lugar y fijan una tasa de 1.008 euros, 660 y 300, respectivamente, cada año.

Los macroprostíbulos son objeto de polémica después de que, a principios de mes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligara a La Jonquera a otorgar la licencia de apertura a un local que tendrá 100 habitaciones y aforo para más de 550 personas. Su promotor está imputado por tráfico de mujeres. El local tenía incluso un informe desfavorable de los Mossos d'Esquadra. El alcalde del municipio, Jordi Cabezas (CiU), expresó su malestar, pero el martes no tuvo más remedio que dar luz verde al proyecto.

Ante esta situación, se plantean cobrar también por habitación a los burdeles. "En un principio pensábamos que no se podía aplicar una tasa porque el municipio no da ningún servicio a cambio. Pero vamos a estudiar si se puede hacer", explica Cabezas.

En Mataró (Maresme) un empresario prevé abrir otros dos burdeles (80 habitaciones) sin que el Ayuntamiento haya podido hacer nada para evitarlo. Uno de ellos, el más grande, estará ubicado en un polígono y ya cuenta con licencia de actividad, aunque las obras todavía no ha comenzado. El Consistorio busca mecanismos para detener un proyecto que ha sublevado a los vecinos y ha colmado la paciencia de alcaldes de todo el espectro político, que exigen un cambio normativo para restringir el número de habitaciones y evitar así los indeseados macroprostíbulos. Pero no todos los consistorios lo ven como una desventaja. Agullana es un pueblo pequeño de apenas 800 habitantes. En su término municipal está uno de los burdeles más grandes de Cataluña: Lady Dallas. El local tiene más de 60 habitaciones y por cada una paga 1.008 euros al año, de modo que más de 60.000 euros engordan las arcas municipales.El alcalde de Agullana y diputado de Esquerra Republicana, Alfons Quera, prefiere no opinar. El primer edil del municipio vecino de Capmany, Jesús Figa (CiU), no tiene ningún reparo en expresar su opinión. Los burdeles "dan servicio a un tipo de público determinado", asegura.

Capmany (600 habitantes) libró una batalla para poder abrir el prostíbulo Madam's, que tiene 48 habitaciones, contra la Generalitat. Finalmente, ganó el municipio. "Luchamos porque nada más funcionaba. Intentamos poner dos o tres cosas más y no hubo manera", explica Figa. Hoy en día el municipio ingresa más de 30.000 euros por el prostíbulo. "Compensa tener este tipo de actividad. Un hotel daría poco beneficio al Ayuntamiento", insiste. "Y mejor tenerlas [a las prostitutas] en unos locales que no dan ningún tipo de problemas que en la carretera, sin ningún tipo de seguridad", razona.

En Siurana (200 habitantes) los burdeles también aportan dinero al erario. El municipio tiene tres prostíbulos: New Baby Doll, La Pedra y el Club la Torre Park. El último es el más grande, con unas 20 habitaciones. "Fuimos los primeros en regular las licencias con una ordenanza propia", explica su alcalde, Joan Heras (CiU).

Cuando se aprobó en 2002 el decreto de la Generalitat que regula los locales donde se ejerce la prostitución, el Ayuntamiento encontró tres prostíbulos con más de 20 años de antigüedad que funcionaban de forma ilegal. El Consistorio se apresuró para aprobar una ordenanza propia y sacar también beneficio. "Cuando eran ilegales, hacían lo que querían y no pagaban. Como mucho daban una cantidad simbólica al Ayuntamiento para las fiestas locales. A veces ni eso", explica Heras. Ahora, en cambio, en el pueblo están contentos porque pagan y no dan problemas. Eso sí, la ordenanza que regula este tipo de locales blinda el municipio. "No se concederá ninguna licencia nueva para el ejercicio de la prostitución", dice.

El alcalde de La Jonquera, Jordi Cabezas (CiU), no fue lo suficientemente rápido para impedir la construcción de más burdeles en la zona. Ahora sólo hay uno, el Desirée, con una decena de habitaciones. Pero otro de unas 100 habitaciones cuenta ya con la licencia. Pero este burdel será el último. El Consistorio ya se ha curado en salud con una ordenanza que impide que haya otro.

La Generalitat aprobó en 2003 un prototipo de ordenanza que fija limitaciones a los burdeles: no puede haber menos de 150 metros entre uno y otro, y han de estar como mínimo a 200 metros de escuelas. A partir de ahí, posibilita que los municipios aprueben su propia ordenanza. En ese punto se escuda la Generalitat frente a las peticiones de los alcaldes: pueden elaborar normas más restrictivas y "blindarse" frente a los macroburdeles. Pero los ayuntamientos temen que, en caso de excederse en las limitaciones, se encuentren con un varapalo de los tribunales.

El número dos del PP en el Ayuntamiento de Mataró, Juan Carlos Ferrando, abandonó ayer su cargo por haber mediado, a través de su empresa de asesoría, para que un empresario obtuviera permiso para abrir un burdel. El PP se opone a los macroprostíbulos previstos en la ciudad y le pidió la dimisión.