La juez del 'caso Mercasevilla' rechaza la auditoría que le presentó el Ayuntamiento

La juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha rechazado el informe de auditoría realizado por la empresa Deloitte por encargo del Ayuntamiento, y que la portavoz municipal, Maribel Montaño, le entregó el pasado enero. La magistrada afirma en una providencia que el informe de las cuentas de la empresa municipal del primer cuatrimestre de 2009 "no tiene nada que ver" con el que ella ordenó sobre los ejercicios de 2007, 2008 y 2009.

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga las presuntas irregularitiga las presuntas irregularidades económicas cometidas por la cúpula de Mercasevilla, cuyos principales ex directivos están imputados en la causa por la petición de comisiones ilegales. El Consejo de Administración de Mercasevilla encargó una primera auditoría y posteriormente la comisión ejecutiva ordenó continuar los trabajos para "completar el análisis crítico" de las cuentas de la empresa. Pero el informe entregado por el Ayuntamiento no corresponde al que solicitó la magistrada. Alaya subraya en su providencia que "ignora" el motivo por el que el Ayuntamiento "no ha presentado aún" el informe de gestión municipal encargado sobre los años 2007, 2008 y 2009.

La auditoría que entregó el Ayuntamiento refleja que sólo entre enero y abril de 2009, Mercasevilla acumuló pérdidas de 280.000 euros.

Por otra parte, la juez ha confirmado en un auto el procesamiento de los cuatro acusados en la primera parte de la causa, entre ellos los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, si bien reconoce que los indicios son "débiles" contra el delegado de la consejería andaluza de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y la funcionaria M. R. P. B. según informó Efe. La magistrada reconoce que el material probatorio contra Rivas "es débil" pues se basa en la declaración policial de Mellet y el Tribunal Supremo exige que en estos casos haya una "mínima corroboración" de su culpabilidad. Alaya ha desestimado la petición del PP, personado como acusación particular, de imputar en la causa como encubridor al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y a dos directores generales de la Junta.

La juez confirma el proceso por un presunto delito de cohecho por pedir una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza. La magistrada cita a los imputados el próximo 10 de marzo para la comparecencia previa a la remisión del sumario para su enjuiciamiento ante un tribunal del jurado.