Los pisos turísticos tendrán que echar a los clientes incívicos en 24 horas

La Generalitat quiere reducir por decreto las molestias que sufren los vecinos

El propietario no podrá escabullirse si sus inquilinos causan altercados. Los dueños de los apartamentos turísticos o bien la empresa intermediaria deberán desalojar a sus clientes en caso de que rompan "las reglas básicas de convivencia" o incumplan las ordenanzas municipales, según fija la regulación que el Gobierno catalán aprobará mediante decreto. El Ejecutivo, además, ha eliminado de su registro oficial de apartamentos turísticos todas las viviendas que se arrendaban de forma aislada, es decir, las ubicadas en edificios donde también residen autóctonos.

Los apartamentos turísticos vienen siendo un quebradero de cabeza para los ayuntamientos. Lo han sido para el de Barcelona, en especial para Ciutat Vella, que ante las quejas vecinales se llegó a plantear el cierre del 95% de los apartamentos del distrito. Ese plan de usos sólo iba a permitir a los empresarios alquilar viviendas que estuvieran agrupadas en un bloque entero. Pero esa idea topó con la realidad: ya había un millar de apartamentos registrados en la Generalitat. Por ello, el Ayuntamiento decidió finalmente legalizar esas viviendas.

Según explicó ayer la Dirección General de Turismo, se han sacado del registro todos los pisos que se comercializan sueltos a turistas, lo cual afecta a unas 200 empresas. En Barcelona, saldrán del registro 1.823 apartamentos y se mantendrán 714, según datos del Consistorio. En todo caso, los municipios se encargarán de dar las licencias de actividad a cada operador siempre que cumpla varios requisitos. Para empezar, el propietario o la empresa que lo comercialice deberá aportar sus datos para poder ser localizado las 24 horas.

El dueño, responsable

El subdirector de Ordenación Turística de la Generalitat, Joan Domènec Abad, explicó que hasta ahora la policía podía instar al desalojo de un piso. Sin embargo, no quedaba clara la responsabilidad del propietario, que en ocasiones era ilocalizable y a veces volvía a albergar a grupos que generaban problemas. Las quejas de los vecinos, que llegaron a denunciar que en un apartamento se jugaba un partido de fútbol, quedaban medio atendidas. "Vamos a insistir en la responsabilidad y el deber de los propietarios y los intermediarios, y a reforzar el papel de las administraciones para actuar", explicó Abad.

El decreto, elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y el de Innovación, Universidades y Empresa, impone otras condiciones. El piso deberá tener cédula de habitabilidad y el propietario estará al corriente de todos los pagos tributarios. Además el dueño deberá disponer de hojas de reclamación y de un servicio de asistencia y mantenimiento para las 24 horas, y tendrá que registrar a los inquilinos que se alojen en el inmueble y comunicarlo a la Dirección General de Policía, como en el resto de los alojamientos.Los apartamentos turísticos tampoco podrán ser alquilados a más personas de las que, por ley, puede albergar la vivienda que se comercialice. Y para impedir que el propietario se oponga a una inspección, el decreto establece que éste no podrá alegar la "condición de domicilio" particular. "Antes siempre se escudaban en que el piso era vivienda habitual y que eso primaba. Ahora, si se destina a uso turístico no se podrá usar ese argumento", explicó Joan Domènec Abad, subdirector de Ordenación Turística.

¿Cómo podrá demostrar el inspector que el piso se usa con fines comerciales? El decreto prevé varias fórmulas: si se ha encontrado publicidad, si los consumos de suministros están por encima de los mínimos y si el inspector dispone de cualquier testimonio o prueba que acredite que la vivienda se alquila por temporadas.

El texto, que deberá ser aprobado en breve por el Gobierno catalán, soliviantó a los empresarios. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) calificó el decreto de "absurdo". Su presidente, Pablo Zubicaray, denunció que la norma es "muy decepcionante" porque no tiene el consenso del sector. "Vamos hacia atrás", afirmó, porque "se eliminan requisitos y se deja la gestión en manos de los propietarios". El texto fija que son los dueños quienes tienen que ser titulares de la "habilitación municipal", lo cual, según Apartur, no favorece "la profesionalización del sector".

La asociación, que aglutina a 130 empresas de Barcelona, expresó su malestar con otra de las obligaciones que fija el decreto: cualquier apartamento que se alquile por un periodo inferior a cuatro meses deberá tener licencia de uso turístico. Apartur, junto con el Colegio Oficial de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y el de Administradores de Fincas de Barcelona, teme que esta norma sea una fuente de intrusismo. "Sectores que no se dedican al turismo pero que alquilan pisos a estudiantes o a empresas por poco tiempo se aprovecharán de tener esta licencia", denuncia Zubicaray, quien señala que la estancia media en los apartamentos que alquila su asociación es de 5,4 días. A su juicio, la Generalitat "quiere quitarse de encima los apartamentos turísticos". Lo único que encuentra positivo del decreto es, según él, la responsabilidad del propietario en caso de altercados en los pisos.

Zubicaray también criticó que los pisos aislados no formen parte del registro oficial. "¿Qué diferencia habrá entre un apartamento turístico y un apartotel?", se preguntó. Al respecto, la Generalitat sostuvo que el registro tendrá, a partir de ahora, una función estadística y de planificación, en vez de ser una vía para la autorización de estos negocios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 17 de febrero de 2010.

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