El sacerdote de Redondela no reconoció su voz en el juzgado

La policía visitó ademas la iglesia de Covelo e interrogó a su párroco, José Juan Sobrino, sobre el rocambolesco procedimiento que permitió al Obispado de Tui traspasar la Casa Rectoral de Paraños a Carlos Gómez-Gil, por 60.000 euros. Esa compraventa ha incluido al párroco de Redondela, Benito Estévez, delegado del Fondo Cómun Diocesano y miembro del Consejo de Economía del obispado, en la lista de imputados de este caso.

Cuando estalló el escándalo, el propio Estévez pactó con Gómez-Gil que el precio irrisorio era una forma de compensar "los servicios prestados" al técnico que había supervisado la rehabilitación de varias iglesias de la zona. En la charla, también grabada por la policía, Estévez emite una auténtica declaración de culpa: "Nosotros por tus servicios y tal saltamos a la torera una serie de cosas". Aludía a la obligación de ofrecer primero la casa rectoral a los vecinos, que la reclamaban para el pueblo y estaban dispuestos a comprarla.

Cuando el pasado 30 de diciembre, el sacerdote de Redondela volvió a escuchar esa grabación en el juzgado de Santiago, dijo no reconocer su propia voz. Tampoco hizo memoria sobre esa conversación, porque según explicó, uno no puede recordar todas las charlas que mantiene. Explicó sin embargó, que cuando aludió a los servicios que el funcionario de la Xunta les habría prestado, se refería a sus tareas de inspección. Y ofreció un dato más: la llamada que el víspera había recibido del propio Carlos Gómez Gil donde éste le pedía el número de cuenta para efectuar un pago de 10.000 euros correspondiente a uno de los seis plazos de la casa rectoral.

"Más ganancia"

Por el mismo juzgado pasaron también el párroco de Covelo y el propio Gómez-Gil ambos como imputados. Las declaraciones de ambos prueban que Gómez-Gil intentó engañar a José Juan Sobrino cuando surgió la opción de que el Obispado de Tui le recomprase el inmueble, dado el revuelo que la venta había provocado en la parroquia. El funcionario de la Xunta negó primero al sacerdote que hubiese ofertado la vivienda en Internet a un precio de 680.000 euros. Y argumentó luego que para devolvérsela al obispado deberían reintegrarle los 300.000 euros que había invertido en su reforma, una cantidad que la diócesis no estaba dispuesta a pagar. Cuando se vio ante el juez, el propio Gómez-Gil rectificó su propia versión y admitió que había hinchado el presupuesto para sacar "más ganancia" de la venta. Del anuncio de Internet culpó a su hijo.