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Las escuchas imputan a varios curas por tapar la trama de Cultura

Los párrocos implicados intentaron pactar sus relatos ante la policía

Todo está en las cintas que la policía grabó a los implicados en la trama corrupta que gestionó la rehabilitación del patrimonio en las iglesias y monasterios de Ourense y Pontevedra entre 2003 y 2009. Según consta en el minucioso sumario que instruye el Juzgado número 3 de Santiago, la red, que presuntamente encabezaban dos funcionarios de la Xunta, el ex restaurador de la Consellería de Cultura, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, y el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel, se habría lucrado con la restauración de retablos en monumentos de las dos provincias, sirviéndose de subvenciones del Gobierno gallego.

Los investigadores tienen pruebas fehacientes de que ambos funcionarios habrían percibido comisiones ilegales, en efectivo o en especie, por favorecer a empresas amigas. En muchos casos, los encargos de las obras de rehabilitación del patrimonio recaían sobre órdenes religiosas e incluso sobre sacerdotes, una fórmula que permitía a la red sortear los concursos públicos para adjudicar los contratos y beneficiar a cinco firmas restauradoras -cuyos directivos también están imputados- elegidas a dedo. Todo eso es lo que ahora está investigando la juez. En los casi 2.000 folios que resumen la investigación judicial se desmenuza el papel de cada uno de los actores en la trama, que acumula ya doce imputados, entre ellos varios sacerdotes de la provincia de Pontevedra e incluso el ex obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, quien tras su paso por la comisaría y el juzgado abandonó el cargo a finales de enero.

La red acumula 12 imputados, entre ellos el obispo José Diéguez Reboredo

"El problema es cómo digo que no lo pagué si salió publicado en prensa"

"También podemos decir una cosa, que nos hemos olvidado de hacer facturas"

Mucho antes, en septiembre, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía se había personado en una docena de parroquias de Pontevedra y Ourense para interesarse por los procedimientos utilizados para encargar las obras. Las citaciones policiales inquietaron a las empresas restauradoras casi tanto como a los funcionarios implicados. Los pinchazos prueban que sacerdotes, empresas y funcionarios trataron de pactar entre ellos un relato único que ofrecer a la policía y entregar facturas falsificadas que justificasen los pagos en dinero negro realizados por las parroquias a la trama.

2Así, el 23 de septiembre, una de las imputadas, Olga Quintela, responsable de la firma Márquez Vieira CBC, que rehabilitó el monasterio de Celanova, telefoneó a un sacerdote, cuyo nombre no explicita la policía, para acordar una versión sobre las obras de rehabilitación de dos retablos, acometida por esa empresa durante el ejercicio 2006, en total 36.000 euros (21.000 pagados por una vecina y 15.000 por el sacerdote). Esta es la transcripción de la policía:

-Olga: Si dicen cómo se pagó eso[los 15.000 euros de uno de los retablos], se lo hicimos nosotros sin cobrarle.

-Cura: ¿Cómo?

-Olga: Que no se cobró por ese trabajo.

-Cura: ¿Pero nosotros qué tenemos que decir, que fue gratis?

-Olga: ¿Usted ese dinero lo declaró?[...]

-Cura: El problema es cómo digo que no lo pagué si salió publicado en la prensa.

-Olga: También podemos decir una cosa, que se quedó de hacer facturas de esos retablos y que nos hemos olvidado.

-Cura: Eso, claro, de acuerdo.

-Olga: Que lo puedo decir.

-Cura: Pero hay que quedar claro en lo que se dice porque si no, podemos contradecirnos. Si tú me dices que vas a decir que quedó pendiente de hacer factura y pasó el tiempo y se despistó, pues yo digo eso.

-Olga: Yo digo eso. [...]

-Cura: Yo lo que voy a decir es que me quedaron en pasar la factura y no me la pasaron y yo lo que le pagué fue el recibo que me dieron en aquel momento.

-Olga: Usted si lo llaman a declarar, avíseme.

-Cura: Si me llaman, te llamo.

Ese mismo día, el 23 de septiembre, la representante de la empresa Marquez Vieira CBC, que habitualmente participaba en las obras que proyectaba la organización de Gómez-Gil había llamado también a otro párroco, Agustín Sobral, que ya había prestado declaración ante la policía. La mujer se interesa por las explicaciones que el párroco había ofrecido a los agentes y le pregunta directamente si les mostró a los investigadores algún recibo de los pagos realizados a su firma. El sacerdote admite que le entregó un recibo de 15.000 euros que no llevaba aparejado el IVA correspondiente. La responsable de CBC le responde que el IVA "se declara si es factura, si no es factura, no".

En esa frenética jornada, entre llamadas a una gestoría para comprobar las consecuencias jurídicas que podría depararle la facturación en negro de muchos de los trabajos, la dirigente de la firma CBC todavía tuvo tiempo de llamar a un tercer párroco, a las 21.11 horas, con el mismo objetivo, cuadrar las cuentas del dinero B que le habría facturado. "Del retablo mayor de una parte hicimos factura pero de otra no, por eso le llamaba, que si lo llaman a declarar para que presente sólo la factura oficial, que no presente recibos", reclama Olga Quintela.

Pese a que el párroco replica que el importe total de los trabajos asciende a 42.000 euros con el IVA, ambos acuerdan pactar esa cifra.

Al día siguiente, la misma imputada se comunica con otro de los presuntos cabecillas de la organización, José Manuel Pichel, arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, al que el actual conselleiro de Cultura retiró la firma y apartó de las contrataciones cuando estalló este escándalo. En la charla, Olga Quintela pone al corriente a Pichel de las pesquisas que sigue la policía. Según figura en el sumario judicial, el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo explica: "[La policía] se va a meter por ejemplo en que nosotros no hemos comunicado que se nos pase presupuesto". Pichel acaba pidiéndole a la responsable de Márquez Vieira CBC que "de eso no comente nada" cuando sea llamada a declarar a la comisaría, un temor que compartían en septiembre todos los imputados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de febrero de 2010