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INFORME POLICIAL SOBRE LA CORRUPCIÓN EN REHABILITACIONES DE PATRIMONIO

Una empresa admite que recibió obras de Cultura a cambio de favores

La firma asegura que reformó sin cobrar propiedades del principal acusado

El técnico de Patrimonio de la Xunta Carlos Gómez-Gil, acusado de cohecho y tráfico de influencias, se cobró en obras particulares los contratos adjudicados a una de las firmas que habitualmente realizaba restauraciones para la Consellería de Cultura entre 2005 y 2009. Así lo asegura el empresario Manuel Montes Carballa, que realizaba trabajos de rehabilitación en iglesias de Ourense y Pontevedra bajo el nombre de Da Vinci, en su declaración del pasado diciembre ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía de A Coruña.

"Sí", respondió Montes a la pregunta de los investigadores sobre si el funcionario de la Consellería de Cultura Carlos Gómez-Gil Aizpurúa "en algún momento le pidió algo a cambio por la realización de obras que supuestamente él gestionaba". Gómez-Gil Aizpurúa es uno de los doce imputados a los que el juzgado de instrucción número 3 de Santiago atribuye los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El empresario dice que le pintó el piso bajo la promesa de trabajar para la Xunta

Da Vinci restauró la casa rectoral de Paraños tras comprarla el acusado

La juez que instruye un caso de corrupción generalizada en la rehabilitación del patrimonio entre 2005 y 2009 también investiga decenas de ingresos en efectivo por valor de 122.000 euros que el presunto cabecilla de la trama no ha podido justificar. Del informe policial se deduce que Gómez Gil, técnico de Cultura, que decidía a quién se adjudicaban las subvenciones, y presuntamente también las empresas que las acometían, cobró en especies de las firmas favorecidas. El responsable de una de ellas ha confesado ante la policía.

En el acta policial, el empresario repasa algunos de los favores requeridos por el técnico de la Xunta. La instalación de una ventana de aluminio en el cuarto de baño y la pintura de un piso situado en la Rúa Camelias de Vigo, propiedad del técnico de Patrimonio, todo por un coste de 3.500 euros, nunca fueron pagados a Montes Carballa. "El dicente le pintó todo el piso sin pagarle un solo duro", reza el informe policial, "comentándole el tal Carlos [Gómez-Gil] a la hora de pagar, que no le pagaba con el fin de arreglarlo por algún lado, que iba a intentar beneficiarle por el trabajo realizado, entiende el dicente [Manuel Montes] a través de la gestión de Carlos en la Xunta".

Otro de los encargos recibidos por Da Vinci está relacionado con la restauración de la casa rectoral de Paraños, en el municipio pontevedrés de Covelo. El inmueble, que el funcionario Gómez-Gil adquirió por 60.000 euros supuestamente a través de la red de contactos tejida desde su puesto en Cultura, se puso a la venta en Internet por 680.000 euros después de su reforma. En las obras, la firma de Montes "asumió la dirección y los gastos que la misma generó, los cuales ascienden a la cantidad aproximada de 70.000 euros". Da Vinci sólo se embolsó 15.000. "Por las cosas que Carlos [Gómez-Gil] le decía, de que a ver cómo lo soluciono, que voy a quitar un poco de aquí y otro poco de allá, hizo pensar al declarante que el tal Carlos iba a aprovechar su trabajo en la consellería para pagarle", continúa la declaración.

En el prolijo sumario de más de 1.500 folios que acumula este caso, la policía concluye que entre Carlos Gómez-Gil y el arquitecto de la Sociedad de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel, decidían qué proyectos se subvencionaban con fondos públicos para después acudir a las órdenes religiosas que gestionaban iglesias y monasterios a imponerle las empresas que realizarían los trabajos. En varios contratos, las ayudas de la Xunta y del Xacobeo iban directamente a estas firmas sin pasar por ningún intermediario.

Según declaró ante los investigadores, Manuel Montes llegó a pagar al supuesto cabecilla de la trama, "por miedo a perder lo que le debían y a que le marcasen como restaurador al que no hay que darle más obras y más trabajo", dos teléfonos móviles, un dispositivo manos libres, ruedas para el coche y "múltiples comidas y otras prebendas solicitadas por Carlos Gómez-Gil".

Pero la falta de pago y el incumplimiento de promesas tensó la relación entre el empresario y el técnico de Cultura. Las amenazas, más o menos veladas, aparecen transcritas en las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía durante el pasado verano. "Lo siento mucho, pero ella [otra técnica de Cultura] me da el dinero que me debes o parte del mismo, o contrátate un abogado bueno y que te saque del problema, que yo más ya no puedo esperar", llega a decir un desesperado Manuel Montes al imputado Gómez-Gil.

Entre los trabajos que Da Vinci había realizado para la Administración figuran reformas en el convento de San Paio de Antealtares, en Santiago. Montes asegura en la declaración que únicamente cobró 3.000 de los 6.000 euros pactados inicialmente. "Carlos Gómez-Gil le dijo que la factura no se podía hacer de más de 4.500 euros", señala el informe, que concluye este apartado mencionando a otro de los imputados, Germán Hermida. Hermida, encargado de "organizar las cuentas", "le dijo a Montes que si la quería cobrar tenía que poner en la factura un texto determinado que no tenía nada que ver con la obra realizada".

Además de Da Vinci, el sumario cita a las empresas Ábside Restauracións, que también habría trabajado en la reforma de la casa rectoral que compró el principal imputado, Márquez Vieira CBC y Acanto Conservación entre las que recibieron encargos de la trama de Patrimonio para restaurar Bienes de Interés Cultural del patrimonio histórico-artístico. Carlos Gómez-Gil dejó hace cuatro meses su puesto en la Consellería de Cultura y trabaja en la actualidad en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, en Murcia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de febrero de 2010