La Xunta ultima otra batalla judicial para defender su veto a las fusiones

El recurso que la Abogacía del Estado presentará esta semana contra la nueva ley de cajas gallega puede ser sólo el principio de una guerra jurídica sin precedentes entre la Xunta y el Gobierno central por las competencias para regular el futuro mapa financiero de la comunidad. En medio, como árbitro, el Tribunal Constitucional que debe enjuiciar si la Lei de Caixas aprobada por PP y BNG a finales de diciembre choca con la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca), como defiende el Consejo de Estado y el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Mientras las distintas partes se avienen a negociar, ese sería sólo el primer frente del conflicto.

En las oficinas de la Xunta un equipo de técnicos de las consellerías de Presidencia y Facenda están armando jurídicamente el contraataque de Feijóo: un nuevo recurso ante el Constitucional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que el Consejo de Ministros aprobó a finales de junio. Fuentes de la Xunta han confirmado a este diario que la iniciativa, en cuya redacción colabora la asesoría jurídica, está muy avanzada y se aferra a las competencias exclusivas sobre cajas de ahorros que el Estatuto le otorga a la comunidad autónoma.

Feijóo quiere hacer ver la nula apuesta autonómica de Zapatero

La decisión final le compete al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y dependerá del encuentro bilateral que mantendrán los representantes de ambas instituciones en Madrid el próximo martes. Fuentes de Facenda sostienen que "al contrario de lo que ha hecho el Gobierno central que primero acude a los tribunales y luego negocia", la apuesta de la Xunta es "negociar primero para evitar por la vía del diálogo el recurso en loz juzgados".

Galicia, como Madrid e incluso Cataluña y Andalucía, estas últimas con presidente socialista, consideran que el FROB invade sus competencias. Las cuatro comunidades se oponen al artículo octavo que deja en manos del Gobierno central la autorización de fusiones, absorciones o cesión de participaciones entre cajas de ahorros cuando estas precisen de la ayuda económica del fondo. La redacción de la norma aprobada por el Gobierno establece que cuando el FROB aporte financiación para esas operaciones, el informe de las comunidades autónomas no será vinculante sino sólo consultivo.

Con todo, ese eventual recurso ante el Constitucional del Gobierno gallego no paralizaría el FROB durante los más de dos años que puede demorarse el fallo. Cuando éste se produzca, el fondo -que expirará en el mejor de los casos en diciembre, si la Unión Europea concede una prórrogaal al plazo de junio que había fijado en principio- será historia.

La Xunta aspira a que la sentencia, cuando se produzca, delimite las competencias de cada Gobierno. A corto plazo, el equipo de Feijóo se conforma con hacer ver la nula apuesta autonomista del Ejecutivo de Zapatero.

Otro de los frentes abiertos está en el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Lei de Caixas, que es "cuestión de horas", según afirmó ayer el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. El también ministro de Política Territorial explicó que ya le ha enviado una carta a Feijóo para abrir negociaciones y evitar la batalla judicial. La Xunta muestra su disposición al diálogo, pero continúa en la línea de denunciar el agravio, una acusación que se volvió a oír ayer en una jornada sobre cajas organizada ayer por la Universidad de Santiago y apoyada por Facenda.

Entre los ponentes, casi ninguna voz discordante con el plan de fusión gallego y sí muchas caras del PP. Además de Feijóo también estuvo el portavoz económico del PP nacional, Cristóbal Montoro, que atacó a los socialistas por "no hacer sus deberes" para reestructurar el sistema financiero: "No tienen legitimidad", dijo, para mirar ahora con lupa la ley gallega creando "un agravio comparativo" con otras comunidades.

Al final lo hizo, pero le costó admitir -en contra de su doctrina, la misma que hace unos meses la conselleira de Facenda se negó a aplicar en Galicia-, que una unión de cajas de una misma comunidad puede ser aceptable. Conocido por apostar por integraciones entre entidades de distintas regiones, Montoro admitió que en el caso gallego no tiene "un conocimiento sobre lo que es viable o no es viable". Para eso "está la consellería, y si ellos lo están apoyando, tendrán todos los argumentos". Pero también advirtió de que no es un camino de rosas: "El FROB no es un instrumento para embellecer a nuestras entidades, es un plan de rescate bancario. Dejémonos de hablar de que en el sector bancario no pasa nada". Poco después ironizó, a juzgar por las resistencias que los consejeros de las cajas tienen a abandonar el puesto, que debe de ser muy jugoso ocupar una silla en las asambleas: "Vamos a llamar a las cosas por su nombre, no estamos para preservar puestos, para salvar la cara a nadie".

Montoro lanzó mucha munición contra Zapatero, contra los titubeos de la reforma laboral y contra el Ministerio de Economía. Responsabilizó al departamento que dirige Elena Salgado de no estimular a los bancos para que abran el grifo de la liquidez y de ir a paso de tortuga en la reordenación de las cajas. Y volvió a insistir: "El Gobierno está debajo de la mesa, no tiene legitimidad para provocar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega". Fue muy explícito cuando aludió a que las cosas no se miden por el mismo rasero: "No es admisible que mientras no se le pone ningún problema a fusiones de cajas en Andalucía o en Cataluña, donde se ve que todo el mundo sale de rositas pidiendo dinero público a porrillo, lo que vivamos sea todo lo contrario, una presión del Gobierno de España". Para Montoro, el Ejecutivo estuvo desaparecido para todo "menos para poner un recurso de inconstitucionalidad. Eso es lo que no es admisible políticamente".

La firmeza del PP no convence, sin embargo, al BNG, que se teme que detrás del tira y afloja entre Gobierno y Xunta lo que realmente se vaya a negociar sea el reparto de poder entre PP y PSOE en una hipotética caja fusionada. Lo dijo el portavoz nacional, Guillerme Vázquez, tras reunirse en Madrid con el presidente Rodríguez Zapatero: "Eso de negociar las leyes es algo un poco complicado", dijo, para luego argumentar que los parlamentos "tienen derecho a elaborar leyes que, a partir de ahí, pueden ser constitucionales o no". En todo caso, advirtió que su formación no entraría en ese "reparto de sillas" entre las dos fuerzas mayoritarias: "Nuestra posición es que tengamos cajas en Galicia y al servicio de Galicia".

Mientras, en Vigo, el alcalde socialista Abel Caballero calentaba motores ante la manifestación que él, a título personal, ha convocado hoy contra la fusión. "Irán varias docenas de miles de personas", aseguró, sin estimar una cifra concreta. En las emisoras locales y en la prensa, la plataforma antifusión, en la que el alcalde participa, lleva días pagando anuncios para animar "a los 300.000 vigueses", a asistir. En la recta final se encontró con la oposición frontal del grupo Pescanova, que ayer se reafirmó en lo dicho por su presidente a este diario y reiteró que la manifestación va "contra los intereses de Vigo y de Galicia".

La empresa de congelado, participada en un 20% por Caixa Galicia y en un 5% por Caixanova, aseguró a través de su presidente, José María Fernández Sousa, que "se está apelando a los sentimientos desde la emoción y no desde la información", para una maniobra en la que Caballero "intenta convencer de que es mejor un SIP [fusión virtual] con Murcia o Cantabria", que la opción gallega.

El alcalde no le contestó, al menos de forma pública, y continuó con su mensaje: ir a su convocatoria equivale a "preservar la dignidad de Vigo para que nunca más se vea amenazada".

Su socio de gobierno, el BNG, aprovechó la víspera del evento para denunciar que algunos clubes deportivos suspenderán hoy los entrenamientos para facilitar a sus miembros y a los familiares de los niños de las categorías inferiores asistir a la marcha.