Politización y ciudadanía

Tanto se está mareando la perdiz con esto de la fusión que dan ganas de que alguien decrete la transformación de las cajas en bancos puros y duros, pues si no importa que los centros de decisión se instalen lejos de Galicia, podríamos habernos ahorrado tiempo, energías y enfrentamientos, que de todo hubo y continúa habiendo en la tierra del minifundismo, no solo, por cierto, agrario. Se ha llegado a apostar por soluciones inéditas, de tránsito unidireccional, con probable pérdida total o parcial de los servicios centrales, con riesgo de bancarización, es decir, apostando por un SIP, con tal de no ser cómplices de una absorción que, a estas alturas, sabe todo el mundo que la cosa no va de hacer cautivos.

Con fusión o sin ella, la reestructuración laboral en las cajas es inevitable

Lo preocupante es ver cómo parece no importar que se pierda una palanca potente para operar en el tejido empresarial gallego y atender las necesidades de las familias, alegando "robos" territoriales, afrentas nebulosamente metafísicas y no sé cuántas cosas más. Porque las cajas tienen un plus que es ajeno a la banca privada, consistente en su doble función financiera y social, que se cumplirá mejor si se tiene auténtica capacidad y solvencia por un lado, y un compromiso más compartido, a través de representantes genuinos de la sociedad. Asombra así que se confunda politización con presencia de la ciudadanía, que no deberá interferir en la gestión profesionalizada -imprescindible, en cualquier caso-, pero que sí habrá de garantizar la coherencia entre el negocio bancario y la naturaleza de estas entidades.

Sin cajas la exclusión financiera de una proporción de la población sería segura y si, aun habiéndolas, la cabeza decisoria está lejos, también lo estará la sensibilidad ante necesidades y proyectos viables, pero que habrán de competir en plano desigual con alternativas más próximas a los intereses de las matrices. Por no hablar del efecto multiplicador del crédito sobre el crecimiento económico territorial, que es bastante superior en las cajas que en el promedio del sector y que se volvería más débil.

Utilizando parámetros estrictamente técnicos, de los datos que se han ido conociendo parece desprenderse que podríamos construir una caja que escalaría puestos en el ránking por volumen de activos, que sería significativamente más solvente, que en 2015 alcanzaría una rentabilidad media superior a de la del sector y con una diversificación del pasivo que rebajaría la dependencia de mercados mayoristas. Sin duda habría que recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que para eso se creó, pero con ello se lograría una adecuada recapitalización, sin sobrepasar el límite del 2 % de los activos con riesgo y sabiendo que en cinco años se saldaría la deuda con ese fondo. Y en cuanto a la Obra Social, ya podrían destinarse a esa finalidad unos 300 millones de euros hasta 2015.

Sin embargo, existen dos argumentos en contra de la fusión que merecen alguna aclaración. En primer lugar, la hipotética merma de competencia, al pasar de dos cajas a una. Bueno, podemos darnos un paseo por cualquier ciudad o cabecera de comarca en Galicia para comprobar el grado de penetración de la banca y de cajas de fuera, por no hablar de la oferta progresiva de canales de distribución de entidades de crédito por Internet y por teléfono.

La otra cuestión parece de mayor consistencia: se cerrarían 280 oficinas y se ajustarían las plantillas en 1.296 empleos. Contemplemos, no obstante, la situación del sector al respecto: hace 25 años los bancos tenían 175.000 trabajadores y hoy son, aproximadamente, 115.000. Las cajas, por su parte, empleaban a 65.000, incrementando su número hasta los 135.000 de hoy, más o menos. Y no sólo eso, sino que sobredimensionaron su red de oficinas en una interpretación muy optimista del ciclo. Por lo tanto, con fusión o sin fusión, el arreglo laboral es inevitable.

En cualquier caso, hace unos días los medios nos ofrecieron la imagen representativa de una voluntad claramente mayoritaria de partidos políticos y sindicatos, y no cabe suponer que estas organizaciones decidan sin información y sin análisis. La presencia sindical resultó especialmente elocuente. Todos ellos abogaban por la fusión, casi al mismo tiempo que el Gobierno central anunciaba un recurso a la ley gallega de cajas. Está en su derecho, pero estoy seguro también de que es inoportuno y susceptible de una interpretación partidaria.

Llegados a ese punto, mostradas ya voluntades y competencias, es hora de que, sabiendo como se sabe que lo que quiere el Gobierno gallego lo desean la mayoría parlamentaria y los representantes de los trabajadores, se sienten ambos ejecutivos y limen diferencias. A no ser que las posaderas de los gallegos hayan de apandar con los rigores constitucionales, mientras otros reciben leves linimentos balsámicos en forma de consentimiento.