Antich romperá con Unió Mallorquina tras las 13 detenciones por corrupción

La última operación contra la corrupción en el seno de Unió Mallorquina (UM) -tres de sus cargos permanecían anoche en los calabozos de la policía-, ha llevado al presidente de Baleares, el socialista Francesc Antich, a decidir romper con este partido, clave en los gobiernos del PSOE en Palma, Mallorca y Baleares. La ruptura no se había oficializado anoche, pero fuentes del Ejecutivo balear la daban por hecha. "Esto no se puede aguantar más", ha dicho el presidente, según el entorno de Antich, quien hoy hará públicas "decisiones drásticas", entre las que no se incluye la convocatoria de elecciones anticipadas. El presidente balear está dispuesto a gobernar en minoría.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la detención de 13 personas relacionadas con UM y acusadas de participar en una supuesta trama de corrupción en el seno del Instituto de Estrategia Turística (Inestur). Los investigadores sospechan sobre el desvío de cientos de miles de euros de fondos públicos hacia "chiringuitos" (sociedades) vinculados a ese partido para "un reparto de beneficios" entre afines, con contratos "duplicados" y "autoadjudicaciones", según fuentes conocedoras del caso Voltor (buitre en catalán). Parte de los fondos pudieron destinarse a financiar UM.

La trama se hacía, supuestamente, "autoadjudicaciones de contratos"

Los investigadores detectan pagos a empresas afines a UM

"Esto no se puede aguantar más", aseguran que dijo el jefe del Ejecutivo

Tres cargos del partido bisagra seguían anoche en los calabozos

Entre los arrestados se hallan el contable de UM y a la vez responsable económico-administrativo del Inestur, Álvaro Llompart, así como tres altos cargos del Gobierno de Baleares: el director general de Promoción Turística, Joan Sastre; el de Medio Ambiente Antoni Oliver, además, ex gerente de Inestur; y un director de área, Antoni Rebassa. Todos ellos son de UM y están ligados a la gestión desde 2007 del organismo público de Turismo. Los tres dirigentes gubernamentales, que serán destituidos hoy por el Gobierno insular, permanecían anoche en la comisaría de Policía de Palma. UM impulsó a última hora de ayer la destitución inmediata de todos los detenidos.

Antich, que llegó al poder gracias a los votos decisivos de UM, intentará sostenerse con la tercera pata del pacto de centro izquierda, El Bloc (PSM-IU-Els Verds). En el Parlamento, el PP está a un voto de la mayoría absoluta. Las tres principales instituciones baleares dependen del voto de UM, un partido bisagra que ha sido durante dos décadas aliado del PP y, en las legislaturas autonómicas de 1999 a 2003 y la actual, del PSOE.

El presidente balear se proclamó "muy duro y exigente ante la corrupción" por la tarde y el PP le reclamó una comisión de investigación, así como que el PSOE se aplique "la medicina" que recetó a los cargos del PP detenidos e imputados. El Bloc solicitó a Antich una "auditoría interna" para determinar "si existió una trama de financiación ilegal, metiendo mano en la caja".

Durante la operación de ayer, el consorcio de gestión informática del Consell de Mallorca -otro feudo exclusivo de UM, Inestur-, fue precintado y registrado por las sospechas sobre diferentes adjudicaciones para un call-center turístico de un millón de euros anuales. Las pistas de corrupción conducen hasta subvenciones de decenas de miles de euros.

La Policía Judicial que dirige el comisario Antonio Cerdá y los inspectores de la Agencia Tributaria que encabeza Raúl Burillo han diseccionado durante semanas el flujo de fondos y el manejo de los presupuestos públicos del Inestur. Se han detectado autoadjudicaciones directas entre administradores y pagos a empresas afines a UM. Inestur, que maneja veinte millones de euros anuales, está bajo control hegemónico del partido bisagra, que, además, domina tres consejerías baleares: Turismo, Medio Ambiente y Deportes.Cuatro de los implicados son empresarios y comerciantes que podrían haber pagado comisiones en complicidad con gestores nombrados por UM. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los detenidos de malversación de caudales, prevaricación, cohecho, falsedad, fraude, negociaciones prohibidas. Los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán han dirigido personalmente dos registros. La causa que instruye la juez Carmen Abrines está bajo secreto sumarial y nació de la denuncia de un particular.