Huelga de pantallas

Empresarios y trabajadores se unieron ayer en Cataluña en una jornada de protesta contra la Ley del Cine catalán. El pulso, a caballo entre el cierre patronal y la huelga, es un remake del que Jordi Pujol libró (y perdió) en 1998 con la industria de Hollywood en su empeño por normalizar la presencia del catalán en las salas. Como entonces, las majors rechazan la imposición de cuotas para el doblaje o subtitulación de sus películas, mientras que exhibidores y trabajadores del sector, temerosos de que la norma reduzca la facturación de los filmes más taquilleros, se suman a la tesis de Hollywood y se erigen en la primera línea de fuego en la batalla contra la ley.

La situación del cine en catalán es hoy casi idéntica a la de 1998, cuando Pujol tuvo que arriar velas y doblegarse a la voluntad de las majors. Entonces, el 2% de las copias que se proyectaban en Cataluña estaban dobladas o subtituladas en catalán; ahora ese porcentaje es del 2,9%. No opera aquí la liberal apelación a las leyes del mercado: la mayor presencia del catalán en la televisión, la radio e incluso en la prensa de Cataluña demuestra que a menudo es la oferta la que genera demanda, y no a la inversa.

El proyecto impone que la mitad de las cintas de cada película estrenada se subtitulen o doblen al catalán -los costes serían a negociar-, salvo las rodadas en castellano o las de producción europea con menos de 15 copias. En un primer momento, la Generalitat ofreció al sector distribuir también en catalán -íntegramente a cargo del erario público- sólo los títulos que se estrenaran con más de 50 copias. No fue posible el acuerdo. La contundencia del Gobierno catalán es por tanto posterior, lo que no le ayuda a desarrollar una defensa razonada de su posición pues parece una respuesta a la inflexible postura de la industria.

La imposición de cuotas en la ley catalana del cine comporta un intervencionismo nada deseable, aunque no muy distinto del que inspira las sucesivas normas contra el consumo de tabaco en los espacios públicos. La norma pretende proteger el catalán en un ámbito en el que está claramente postergado, y ampara el derecho de los espectadores a elegir en qué idioma quieren disfrutar del cine. Y los argumentos de los sectores reacios al cambio son similares, pues ambos pronostican un apocalipsis económico y laboral si prosperan las respectivas legislaciones.

La solución a este embrollo, si se pretende evitar la radicalización de posturas por ambas partes, requiere flexibilidad y diálogo. La industria debería mostrar una mayor sensibilidad hacia la realidad catalana -como ya hace en otros países al doblar sus películas a lenguas con igual o menor número de hablantes, como por ejemplo el danés- y la Generalitat debería aparcar los maximalismos, pues una ley diseñada contra el sector tendría escaso futuro. En todo caso, el ciudadano no debe pagar los platos rotos de este desencuentro.