La juez del crimen de Polop abre otro sumario por la corrupción urbanística

La investigación judicial por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, puede acabar en dos sumarios. El primero para investigar el crimen por el que ya hay siete encarcelados, entre ellos, el sucesor de Ponsoda en el cargo, Juan Cano, considerado como el autor intelectual del compló con objetivo de controlar el urbanismo del municipio si oposición. Y la segunda indagará la trama urbanística surgida en el pueblo y amparada por Cano, en su calidad de responsable del área urbanística. En este segundo caso habría responsables penales que no están vinculados con el asesinato.

La magistrada del caso, la titular del Juzgado número 2 de La Vila Joiosa, ha decidido deducir testimonio de las actuaciones practicadas para remitirlas a otro juzgado con el fin de iniciar otro procedimiento judicial para depurar responsabilidades de las numerosas irregularidades urbanísticas detectadas por la Guardia Civil. La magistrada María Antonia Raedo llevará todo lo relacionado con el crimen y otro juzgado de La Vila, la investigación urbanística.

Por el asesinato del alcalde hay siete encarcelados, entre ellos su sucesor En la segunda causa se indagará tráfico de influencias y blanqueo de dinero

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya solicitó a la juez el 3 de julio de 2008 que ampliara el procedimiento a la investigación de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Para esclarecer el móvil urbanístico, la investigación se centró en la actividad de la concejalía que dirigía Juan Cano y en los sectores especialmente conflictivos. De todo ello se deriva la sospecha de que hubo un enriquecimiento ilícito del arquitecto técnico José Vicente Martí, íntimamente relacionado con Cano hasta el punto de que, cuando dejó de ser concejal en 2003, Martí y otro técnico del consistorio continuaron reuniéndose con Cano en su domicilio.

Martí creó en 2002, estando en el Ayuntamiento, la empresa Urbanismo e Ingeniería (UEI) la Marina, con la que obligaron a trabajar a todos los agentes con intereses urbanísticos, ya que la misma aprobación de los proyectos dependía de sus informes. Sólo a los del sector llamado PRI Rotonda les llegaron a cobrar 82.576,92 euros.

Pero la mayor parte de las sospechas recaen sobre dos sectores de suelo catalogado como no urbanizable en el llamado PAU Matet. En el registro del despacho de Cano en el consistorio que efectuó la Guardia Civil el día de su detención fue hallado un plano con el avance de la modificación del PGOU de Polop para la inclusión de un nuevo sector de suelo urbanizable residencial y un procedimiento de tramitación del sector para su ampliación.

El grupo Bahía de Benidorm compró 650.000 metros cuadrados en 2005 por 3.247.000 euros. Grupo Bahía, SL y la familia Siscar de Polop presentaron un proyecto para urbanizar en Matet, que el pleno del consistorio rechazó, a pesar de las presiones que soportó Ponsoda. Ya en 2003, Román Zurutuza, abogado y presidente del Club Náutico de Altea, había presentado un convenio para urbanizar otros 700.000 metros, la mayoría de su propiedad. La Guardia Civil estuvo esperando una reunión que se produjo el 21 de julio de 2008 en el Ayuntamiento, en la que habrían estado Cano y Montiel por el consistorio, Pedro Agulló (en representación de Bahía) y el propio Román Zurutuza. Algunas conversaciones grabadas a Cano dejan al descubierto que estaban buscando fórmulas para eludir la intervención de la Generalitat, ya que en Polop no se puede reclasificar terreno si no está desarrollado el 60% del suelo urbanizable existente. Y cuando empezaron a tramar esta operación para construir miles de viviendas, en 2003, ni siquiera se había urbanizado un 10% de los sectores.

Otro sector investigado en profundidad fue el que se adjudicó en agosto de 2004 a una Agrupación de Interés Urbanístico que animó a crear Ponsoda y que presentó su alternativa técnica contra Balcón de Ponoig, SL, la empresa a la que pretendía adjudicarle la condición de agente urbanizador Juan Cano, que luego ha retrasado la publicación del proyecto de reparcelación que presentaron los propietarios. Es más, le dijo a la presidenta de los propietarios que nunca se aprobaría. Sin embargo, la agrupación alquiló para sus reuniones un local propiedad de la mujer de Cano por el que pagaron casi 12.000 euros entre 2005, 2006 y 2007.