El Ejecutivo oferta por vez primera 30 plazas de tareas comunitarias
Los ejecutivos vasco y central colaborarán por primera vez para impulsar los trabajos en beneficio de la comunidad. El Consejo de Gobierno facultará hoy al Departamento de Justicia para firmar un convenio con Instituciones Penitenciarias que ofrezca, de inicio, "entre veinticinco y treinta" plazas que "se ampliarán en los próximos meses". De esta forma se pretende dar respuesta a la creciente demanda de penas alternativas al ingreso en prisión.
La colaboración con Instituciones Penitenciarias, inédita durante los mandatos del PNV en Ajuria Enea, llega como paso previo al acuerdo que pretende alcanzar el Gobierno con los ayuntamientos vascos para impulsar su implicación en la materia. El objetivo es duplicar las 356 plazas que se ofertan en la actualidad para superar la cifra de 700 y evitar que cientos de condenas queden sin cumplir, como ha sucedido en los dos últimos años, por la falta de oferta de trabajos sociales.
Justicia inició en septiembre sus contactos con Eudel, pero la asociación municipal aún no ha tratado la cuestión en su asamblea. "Se lo están tomando con mucha calma", aseguran fuentes del Ejecutivo. El retraso ha motivado que se hayan iniciado conversaciones también con los consistorios socialistas y los de las grandes ciudades para acelerar su colaboración. El tiempo apremia ante un fenómeno que afronta su particular crecimiento tras la modificación del Código Penal, que tipifica ahora como delitos algunos hechos hasta ahora considerados faltas leves, como las sanciones de tráfico.
Fosas comunes
El Ejecutivo, mientras, suscribió ayer otro convenio con el Ministerio de Justicia para facilitar la elaboración de un mapa integral de las fosas comunes de España. Además de Euskadi, en la iniciativa colaboran otras siete comunidades autónomas, todas ellas socialistas. Por contra, se han quedado fuera las gobernadas por el PP, entre ellas, Madrid, La Rioja, Murcia o Castilla y León, donde se concentran un buen número de enterramientos colectivos.
El convenio, firmado en Madrid por el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, pretende establecer unas pautas comunes entre las instituciones implicadas para la localización de los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, la exhumación de cadáveres y su posterior identificación.
