La ruptura del preacuerdo en el CGPJ pone en riesgo el relevo en el Superior

Parecía todo encaminado tras meses de negociación, pero la solución no va a ser fácil. El proceso para elegir al nuevo presidente del Tribunal Superior ha vuelto a encasquillarse. La designación de Jaime Tapia como relevo de Fernando Ruiz Piñeiro al frente de la institución, apalabrada "desde diciembre", ha quedado nuevamente en el aire tras la "ruptura" del preacuerdo alcanzado entre las corrientes conservadora y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a su filtración pública. La cuestión, pese a todo, no está bloqueada y permanece como punto en el orden del pleno que se celebrará el jueves.

La vocal del PNV en el Poder Judicial, Margarita Uria, fue contundente ayer al confirmar que, "desgraciadamente, no se han respetado los pactos" a los que se había llegado. En este sentido, recalcó que "pueden pasar muchas cosas" aún, si bien matizó que su "sensación" es que la cuestión no se tratará finalmente en el pleno del jueves. No tendría sentido abordar sin consenso un infructuoso proceso de votación, como ya ocurrió en marzo, y tener que recurrir a un tercero, inédito hasta la fecha, que minaría aún más la imagen de un Consejo cuestionado ya por su incapacidad de llegar a un acuerdo sobre el Superior.

Los plazos fuerzan a elegir al nuevo presidente entre enero y febrero

Las fechas, sin embargo, apremian y fuerzan a la búsqueda del consenso. En marzo expira el plazo de seis meses previsto en la convocatoria para designar al nuevo presidente. Sólo el pleno de febrero quedará en la recámara si la votación no se realiza en enero. Y de no alcanzar un pacto, el proceso culminaría igualmente sin resultado. Quizá por este motivo, la cuestión se mantiene como punto en el orden del día que se abordará el jueves, a la espera de que se pueda reconducir la situación. En caso contrario, la cuestión podría quedar sobre la mesa.

La baldía experiencia de marzo permanece en la memoria. El debate se centraba también entonces entre la reelección de Fernando Ruiz Piñeiro para otros cinco años o su relevo por parte de Jaime Tapia. Hasta cinco rondas de votación se llevaron a cabo, pero todas sin resultado. Ninguno de los dos candidatos alcanzó los trece votos necesarios para la designación. El aspirante progresista sumó los de su corriente a los dos nacionalistas y logró once, mientras que el todavía presidente en funciones se quedó en diez, al obtener el inesperado respaldo del presidente del CGPJ, Carlos Dívar. La también progresista María Victoria Cinto se quedó en cero.

La rotura definitiva del acuerdo en el seno del Poder Judicial supondría un duro revés para Tapia, que por dos veces se ha visto a las puertas del Superior, pero también un punto más de incertidumbre para Ruiz Piñeiro, que suma ya seis años al frente del tribunal, casi uno como interino, y tendría que afrontar otros cinco en caso de salir reelegido. En la nevera esperan también su oportunidad Cinto, que ha ganado peso respecto a marzo como posible candidata de consenso, y el también progresista Manuel Díaz de Rábago, cuya imagen entre la derecha ideológica está más debilitada debido a su pronunciamiento contra la Ley de Partidos.

Como trasfondo de la polémica late la contaminación política del CGPJ y el reparto de distintos cargos vacantes en otros tribunales autonómicos, el Supremo y varias audiencias provinciales codiciadas por conservadores y progresistas. La negociación entre ambos sectores del CGPJ se asemeja a un complejo juego de estrategia en el que ninguno parece dispuesto a ceder en sus objetivos si no es a cambio de contraprestaciones.

En este contexto, la designación del nuevo presidente del Superior vasco guarda una estrecha relación con Valencia y Cataluña. El primer escenario es objetivo prioritario para los conservadores y el principal campo de batalla, mientras que en el segundo se había consensuado la reelección de la conservadora Maria Eugènia Alegret como contrapunto al relevo progresista en Euskadi. La "reconsideración" del intercambio, sin embargo, ha vuelto a paralizar el acuerdo y ha contribuido a enconar todavía más a los dos polos ideológicos del Poder Judicial.