Los ecologistas acusan a Medio Ambiente de "abuso de poder" en Urdaibai

La plataforma Ekologistak Martxan acusó ayer a los anteriores responsables del Departamento de Medio Ambiente de "abuso de poder" por haber impulsado el plan de construir 20 chalés en Urdaibai. El proyecto ha sido definitivamente anulado por la Justicia (primero por el Tribunal Superior vasco y en diciembre pasado por el Supremo) y los ecologistas pidieron ayer a la actual consejera Pilar Unzalu que obligue a pagar las costas del juicio -a las que el fallo condena a la administración- a los anteriores titulares de Medio Ambiente, Esther Larrañaga y Sabin Intxaurraga (EA).

"Que paguen ellos las costas, y no el Gobierno en nombre de todos nosotros, lo posibilita el artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas", aseguró ayer un portavoz de Ekologistak Martxan, al valorar el fallo que acaba con seis años de pleitos.

El Ejecutivo aprobó en 2003 el primer plan para construir una urbanización de chalés en Urdaibai, desde que el área está protegida, con el argumento de que buscaba dotar de saneamiento y otros servicios al barrio de Kanala. Los ecologistas censuraron ayer que el proyecto se presentó "en una memoria de apenas cuatro folios y sin ningún informe ambiental ni jurídico que avalara dicha operación".

"Incoherente"

Añadieron que, pese a la primera sentencia contundente del Tribunal Superior que constataba una "infracción directa" del Gobierno y una actuación "arbitraria", la entonces consejera Esther Larrañaga decidió recurrir al Supremo. "Ha sido una actitud incoherente del equipo de Eusko Alkartasuna que ha dirigido durante cuatro legislaturas la consejería de Medio Ambiente. Supone un abuso de los medios económicos y materiales que los ciudadanos sufragamos para favorecer intereses especulativos".

Ekologistak Martxan censuró también el plan de la actual consejería de Medio Ambiente de ceder competencias urbanísticas a los ayuntamientos de Urdaibai para acabar con más de 20 años de enfrentamientos entre el Gobierno, que gestiona la reserva, y la Diputación y los ayuntamientos. "¿En qué cabeza cabe que eliminar un control más puede favorecer el desarrollo sostenible?", se preguntaron. La plataforma aseguró que el Ejecutivo "desprecia la valiosa jurisprudencia", con más de 40 sentencias favorables al Gobierno en pleitos, especialmente sobre plantaciones forestales y construcción de viviendas.