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COLUMNA

Pocos bebés, vidas largas

La reforma de las pensiones no es una cuestión ideológica sino que está determinada por la demografía. Ésta alerta sobre la necesidad de emprender reformas importantes y urgentes, so pena de poner en peligro el sistema de Seguridad Social. Por ello, la reforma de las pensiones es, cada vez más, un tema clave en un debate político fundamental: mientras los neoliberales lo arreglan todo con la privatización de las mismas (como si ésta no tuviera problemas, como ha demostrado la crisis actual), los sindicatos y los lobbies de jubilados abogan por la preservación del statu quo. Las dos posiciones son muy difíciles de defender.

El problema principal es el envejecimiento de la población. Pocos bebés y vidas largas. Una baja fecundidad implica el aumento de la proporción de personas mayores en la población, susceptibles de ser protegidas por los ciudadanos activos (basándose en el pacto intergeneracional que forma parte de la esencia de nuestras sociedades); además, la longevidad implica que los mayores puedan llegar a ser muy viejos.

El envejecimiento no es un elemento nuevo: lo es su rapidez; en 50 años se doblará la población anciana

Por ello es tal importante que la reforma del Pacto de Toledo (acuerdo entre los partidos políticos en el Congreso de los Diputados en 1995 para reformar el sistema de pensiones como garantía de su continuidad) dé resultados urgentes. El envejecimiento de la población no es un elemento nuevo; lo es su rapidez. La realidad demográfica de hoy (incluidos los millones de inmigrantes que han entrado en nuestro país) es muy diferente de la de hace 15 años. Las tres características de nuestra época son las siguientes: el proceso de envejecimiento se acelera mucho y en los países desarrollados la población anciana se habrá duplicado de media dentro de 50 años; segundo, gozamos de muy buena salud, lo que se traduce en una fuerte alza de la esperanza de vida. Y tercero y más importante, en la primera década del siglo XXI, vejez se identifica con jubilación; el derecho a que todos tengamos nuestra jubilación, firmemente arraigado en el sentido común de la época, es en realidad muy reciente. Antes, la mayoría de los trabajadores no podían decidir jubilarse, especialmente porque las pensiones (cuando existían) eran muy escasas; si dejaban de trabajar era, en general, porque ya no podían seguir haciéndolo o porque los habían licenciado.

Todos estos cambios los analizan los expertos Gosta Esping-Andersen y Bruno Palier, en un libro imprescindible para los que reflexionan sobre los cambios sociológicos de nuestras sociedades (Los tres grandes retos del Estado del bienestar, editorial Ariel). Los tres retos están residenciados en el campo de las mujeres, los niños y las pensiones. El cambio social más importante ha sido la entrada masiva de la mujer en el mercado laboral, por lo que es esencial favorecer el empleo de las mujeres y la igualdad con los hombres, como elemento crucial para el desarrollo de los servicios sociales de cuidado de los niños y otras personas dependientes. Garantizar la igualdad de oportunidades de los niños es el segundo reto: mientras que los sistemas actuales de protección social gastan cada vez más en personas ancianas, parece necesario invertir en los niños, preparar una mano de obra mejor formada. Una socialización precoz en las guarderías permite reducir considerablemente el riesgo de fracaso escolar; favorecer el desarrollo de formas colectivas de cuidado de los niños que garantice una buena socialización primaria y unas condiciones de aprendizaje que preparen de forma conveniente el futuro. Más que luchar contra la exclusión social una vez que ésta se ha hecho realidad, más que tener que formar de nuevo a la mano de obra atrasada, es preferible concentrar los esfuerzos en una acción preventiva centrada en la infancia. El tercer reto es la reforma de las pensiones públicas, haciendo prevalecer el principio de igualdad, manteniendo tanto la equidad entre generaciones como en el seno de las mismas.

Esping-Andersen y Palier pretenden resolver estos retos para que las políticas económicas y sociales se refuercen mutuamente, de modo que los dispositivos de protección social permitan sostener e impulsar el crecimiento, y sostener la capacidad de consumir de quienes ya no pueden trabajar. Y no, como ha sucedido en muchas ocasiones, que en vez de apoyar el pleno empleo esos dispositivos se utilicen para retirar individuos del mercado de trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de enero de 2010