Incentivar la formación

Las ideas propuestas por Guillermo de la Dehesa el pasado fin de semana en el suplemento de Negocios parecen muy acertadas. Reformar la educación, la contratación y la negociación colectiva parecen propuestas más que razonables, tanto para los padres preocupados por los recientes datos del Consejo Económico y Social sobre el elevado índice de fracaso escolar (que ronda el 30% en la Educación Secundaria Obligatoria) y el bajo nivel de los estudiantes en las competencias básicas, como para los empleadores, que ven frenados sus intereses ante los riesgos que puede conllevar la contratación, especialmente cuando es de trabajadores poco cualificados, como para los trabajadores convencidos de que el trabajo es una forma de realización personal. En este escenario se me ocurre una propuesta de aparente fácil implementación: incentivar fiscalmente la formación. Con ello mejorarían las competencias tanto de los estudiantes actuales, los futuros trabajadores, como de los trabajadores en activo.

La mejora en la educación es clave para el desarrollo de un modelo productivo sólido y no cimentado en la propiedad inmobiliaria. Carece de sentido que las deducciones fiscales por adquisición de la vivienda habitual no tengan límites (ni de edad, ni de renta, ni de tipo de vivienda), pareciendo más lógico que, una vez que se ha adquirido una vivienda "digna", se incentive la formación continuada de los trabajadores actuales o futuros (los estudiantes). Hay muchas fórmulas para ello y seguro que en el Centre for Economic Policy Research, donde trabaja el autor del artículo mencionado, son bien conocidas.

No parece probable que los incentivos fiscales a la formación, en detrimento de los derivados de la propiedad inmobiliaria, puedan empeorar la situación del actual superávit de viviendas existente en nuestro país. Todo lo contrario: en un mundo laboral globalizado, la mejora de las competencias de los trabajadores redundará en el incremento de su poder adquisitivo.