La nueva Lei de Caixas endurece las incompatibilidade de los consejeros

La Lei de Caixas provocará un tsunami en los órganos de gobierno de Caixa Galicia y Caixanova. Si el Diario Oficial de Galicia se da la misma prisa para publicarla que el Parlamento en aprobarla, el texto podría entrar en vigor en un par de semanas. En consecuencia, ambas cajas tendrán la obligación de convocar un consejo extraordinario que establezca los criterios de elección de la nueva asamblea, cuyos miembros tendrán que decidirse en el plazo de 40 días. La norma introduce por primera vez la representación parlamentaria, endurece las incompatibilidades de los consejeros y determina expresamente que cualquier fusión virtual tendrá que ser autorizada por Facenda. Los puntos más sensibles de la reforma son los siguientes:

Los clientes ocuparán el 30% de los puestos en las asambleas

Se garantiza la presencia directa de los sindicatos y la patronal

- Asamblea. Estará formada por 160 miembros. El Parlamento tendrá el 20% de los representantes, las corporaciones locales, otro 20%. Las entidades representativas de intereses colectivos, el 10% (dentro de este porcentaje, los siguientes grupos designarán cuatro representantes cada uno: patronal, sindicatos, entidades representadas en el CES e instituciones benéfico-sociales designadas por Facenda). Los empleados mantienen su 10% actual, pero las entidades fundadoras (Ayuntamiento de Vigo y diputaciones de Pontevedra y Ourense, sólo presentes en Caixanova) rebajan la suya un 7,5%, hasta el 10%, y los impositores (clientes) restan un 10% a su grupo, representando al 30% de la asamblea. Su primera reunión será a los dos meses de la entrada en vigor de la ley.

- Consejo. Estará integrado por 25 miembros elegidos por los grupos representados en las asambleas. Ninguna entidad, excepto el Parlamento, podrá tener más de un consejero.

- Requisitos. Los consejeros no pueden haber cumplido los 70 años en el momento de la elección, y cesarán de su cargo de manera inmediata cuando lleguen a esa edad. No serán políticos en activo. Los representantes de los clientes se elegirán por sorteo directo entre aquellos que tengan una antigüedad de dos años y un saldo medio de 500 euros. Estarán al corriente de las obligaciones con la caja.

- Incompatibilidades. Los miembros de la asamblea no podrán estar vinculados a la caja de ahorros o a empresas participadas en más de un 20%, directa o indirectamente, por contratos de obra, servicios, suministro, trabajos retribuidos, etc. Hasta ahora se prohibía la vinculación cuando superaba el 25%. La concesión de créditos a miembros del consejo, a sus cónyuges y, como novedad, a sus parejas de hecho deberá ser aprobada por el consejo y comunicada a la Consellería de Facenda.

- Obra social. Las cajas destinarán todos sus beneficios que no se utilicen en reservas a la obra social, para la que se creará una comisión específica que no existía. La consellería acordará, mediante un convenio con las cajas, las necesidades que cada año deben cubrirse con carácter prioritario a cargo de la obra, aunque cada caja tiene libertad para elegir los destinos concretos del gasto. Será preciso un informe favorable de la Xunta para realizar una inversión en obra social cuando el importe sea superior a medio millón de euros repartidos en tres años.

- Inversiones. La Consellería de Facenda se reserva el derecho a autorizar determinadas inversiones en función de los recursos de la caja o en relación con una cantidad que ella misma determinará.

- Control. Las fusiones serán autorizadas por el Consello de la Xunta. Se introduce por primera vez la necesidad de que los acuerdos mediante un Sistema Institucional de Protección (fusión virtual) sean autorizados por Facenda. Un reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimiento que deberán cumplir las cajas cuando inicien una unión.