El pacto educativo, en la lanzadera

Los problemas graves de la educación española están bien claros. Hay ya diagnósticos fiables de sobra, nacionales e internacionales, y sus veredictos coinciden. Lo urgente de resolver tiene casi todo que ver con los malos resultados de los alumnos al final de la ESO lo que provoca tres problemas: que un 30% fracasen, es decir, no consigan ni siquiera este graduado (que es el mínimo), que dejen definitivamente los estudios después de los 16 años (abandono temprano) y que sean pocos los alumnos brillantes (bajo nivel de excelencia).

De estos problemas cuelgan el resto de los temas incluidos por el Gobierno en el Pacto de Estado político y social que pretende alcanzar. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se comprometió a finales del mes de septiembre a comunicar antes de fin de año si, tras las reuniones con los grupos políticos y asociaciones sociales, este pacto podía ser "viable". La respuesta es "sí", según fuentes del Gobierno. Y así lo anunciará el titular de Educación la próxima semana. Sí es viable un acuerdo en los términos en los que el Gobierno se lo ha planteado a las organizaciones y sobre los nueve aspectos esenciales que incluye la propuesta de pacto entregada por el Ejecutivo a las comunidades autónomas.

Gabilondo anunciará la próxima semana la viabilidad del acuerdo

Ninguno de los aspectos que han desatado en los últimos años controversias en el terreno educativo está incluido en el documento. Ni la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ni la alternativa a la Religión, ni la enseñanza de la Historia de España, ni el nudo gordiano de las controversias con el PP sobre temas educativos: la "vertebración del sistema educativo", en el que está incluida la polémica por el peso que se da en algunas comunidades a su lengua oficial propia. El texto para el pacto redactado por el Gobierno se centra en solucionar problemas educativos y no entra en los que han provocado los enfrentamientos ideológicos.

El primer aspecto en el que el Ejecutivo ve posible el acuerdo es el económico: "Resulta esencial garantizar una financiación adecuada con duración y perspectiva temporal" para alcanzar el resto de los objetivos, especifica el documento. Las organizaciones sociales ven "positivo y necesario" un compromiso financiero por escrito y pactado entre los partidos, un aspecto que vienen demandando desde hace tiempo, por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado (en el que están representadas todas las asociaciones de la comunidad educativa) y la Conferencia de Rectores en sus sucesivos informes y declaraciones. Aunque la financiación de la universidad es asunto aparte, un tema del que el ministerio está ultimando un informe. Tampoco será díficil acordar el impulso de la FP (la ley que la regula se aprobó con el PP en el Gobierno, pero aún hay muchos desarrollos pendientes para impulsarla en serio), de la política de becas o de la escolarización temprana, esto es, de toda la educación infantil coordinada con políticas sociales que la apoyen. Y también ha ayudado un gesto del ministro que, aunque parezca de sentido común, no ha sido expresado claramente por los socialistas: el incorporar a su discurso el impulso de la "cultura de esfuerzo y la exigencia". Conceptos que había enarbolado el PP cuando estaba en el Gobierno.

La bajada del nivel de la educación que la derecha atribuye a las leyes socialistas tiene mucho que ver tanto con la falta de presupuesto para aplicarlas como se debiera, y claramente con la ampliación de la educación a los 16 años y la escolarización plena lograda en las últimas décadas. Los populares éstán en efecto dispuestos a sentarse a hablar de temas como la financiación, pero no ven que este planteamiento del Gobierno sea un pacto de Estado. "Las propuestas que recoge el documento que se ha enviado a las comunidades son muy abstractas, vagas. Y, aunque la sociedad demanda un cambio, el drama es que no se va a ser capaz de concretar", opina el portavoz del PP en el Congreso Alfonso Alonso. Sin embargo, Alonso afirma: "No nos cerramos a hacer pactos con el Gobierno, a hablar de financiación o de otras cuestiones, pero eso es un acuerdo, no es un pacto de Estado que lleve al cambio de un modelo educativo, que no funciona, consensuado en común, que es lo que nosotros queremos". Los responsables del PP creen que Gabilondo fue "ingenuo" al ponerse una fecha para afirmar si el pacto era viable y opinan que ahora "está dispuesto a llamar pacto a cualquier acuerdo", añade Alonso. Para el PP un pacto de Estado debe pasar por tratar temas como "la calidad, la vertebración del sistema y la libertad de los centros y de los proyectos educativos".

Oídas las partes mayoritarias (PSOE y PP), y con independencia de si se consideren o no los acuerdos a los que se lleguen como un Pacto de Estado, lo que parece difícil de conseguir con acuerdos alejados de las confrontaciones ideológicas de fondo, es otro de los aspectos de destaca el documento para el pacto enviado a las comunidades: "Garantizar la estabilidad normativa sostenida sobre los aspectos comunes". A finales de enero se reunirá el Ejecutivo de nuevo con las comunidades. Entonces sí se verá más claro si la viabilidad es real.