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La crisis acentúa la percepción de que la inmigración lastra el bienestar social

Un 57% relaciona extranjeros con inseguridad, un 9% más que hace un año

La crisis económica ha hecho que se resienta la consideración de la población autóctona hacia los extranjeros, que suman algo más de un 6% de la población de Euskadi. En el último año ha crecido algo la tolerancia hacia los aspectos culturales de los inmigrantes, pero ha aumentado mucho más el porcentaje de los que piensan que la llegada de personas foráneas perjudica la seguridad ciudadana, que pasan de un 48,3 a un 57%, o de aquellos que creen que la presencia de inmigrantes dificulta el acceso a las ayudas sociales, que pasan de un 41,6 a un 49%.

A los vascos les preocupa, en general, que la llegada de los inmigrantes lastre su nivel de bienestar. En este sentido, aumentado también el porcentaje de los que consideran que con más inmigrantes habrá que esperar más en los hospitales (del 37,2 al 45,8%), los sueldos bajarán y será más difícil encontrar trabajo.

Los vascos ven más amenazados sus servicios que su identidad cultural

Esta conclusión se extrae de comparar los datos del último Barómetro Ikuspegi sobre percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera, que fue presentado ayer por los directores del observatorio Ikuspegi, Xabier Aierdi y José Oleaga, y por el director de Inmigración del Gobierno vasco, Miguel González, con los de 2008. Para Aierdi, lo que traslucen los datos de este último informe es una "ambivalencia" de la población vasca con respecto a los extranjeros. A un 64,8% le parece bien que los extranjeros abran restaurantes exóticos, pero sólo a un 28% le gusta que ocupen plazas y espacios públicos o tengan centros de enseñanza propios.

La población vasca tiene un buen concepto de la población extranjera en términos de honradez, solidaridad, capacidad de trabajo o amabilidad, pero no en lo relativo a la igualdad de género: un 68% cree que los extranjeros son más machistas que los vascos. Los responsables de la investigación quisieron poner el acento en algunos aspectos positivos, como que, por ejemplo, ha aumentado el tiempo de ocio que los autóctonos comparten con los extranjeros, a la vez que baja un 1% el porcentaje de aquellos que temen que la identidad cultural vasca se diluya como resultado de la llegada de extranjeros (un 17%). No obstante, reconocieron que en un año "la postura de la población vasca se ha endurecido, es algo más crítica y algo más restrictiva con la población extranjera". Como muestra está el dato de que un 60,5% es partidario de expulsar del país a aquellos inmigrantes que delincan.

Aunque Aierdi y Oleaga relativizaron la influencia de la crisis económica sobre estas opiniones, destacaron que lo cierto es que se valora sobre todo a la inmigración vinculada al trabajo. Un 56% cree que hay que regularizar sólo a las personas que trabajan, frente al 16% que es favorable a regularizar a todos. "La población se encuentra más tranquila si todo el mundo trabaja", explicó Oleaga. "Un fuerte deterioro del mercado laboral podría afectar negativamente a la percepción de la sociedad hacia los extranjeros", añadió, aunque confió en que la mejoría económica aleje a Euskadi de ese escenario.

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En cuanto a la simpatía que despiertan los distintos colectivos de extranjeros, son los más cercanos culturalmente, los de la Unión Europea o Suramérica, los que son vistos con mayor cariño, mientras que la población del Magreb, Europa del Este y Asia es la que suscita más prejuicios. Un 68% de la población prefiere vivir en un barrio donde la mayoría de las personas que residan en él sean de su mismo grupo étnico y sólo algunas de un grupo étnico distinto, mientras que un 22% querría vivir en un sitio donde directamente no hubiera nadie de un grupo étnico distinto.

El retorno voluntario sólo ha atraído a 190 inmigrantes

Pese a las dificultades económicas, la mayoría de inmigrantes que residen en Euskadi no quieren regresar a sus países. La prueba es que el plan de retorno voluntario de extranjeros desempleados puesto en marcha por el Gobierno central no ha cuajado. El director de Inmigración, Miguel González, señaló ayer, tras la presentación del informe de Ikuspegi, que sólo unas 190 personas lo habían solicitado en la comunidad autónoma, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. A 10 de noviembre, cuando se cumplía un año de la puesta en marcha de la medida, los solicitantes registrados eran 59 en Álava, 57 en Guipúzcoa y 66 en Vizcaya, mientras que las peticiones aprobadas en ese tiempo sumaban 142.

González explicó que los inmigrantes están más afectados por la crisis que el conjunto, pero defendió afrontar su situación con políticas a "medio y largo plazo", ya que "han venido a Euskadi para formar parte de esta sociedad", añadió. Como prueba mencionó el escaso éxito del retorno voluntario.

Según explicó el sociólogo Xabier Aierdi a EL PAÍS, los datos de esta iniciativa en Euskadi están en la línea de los de otras comunidades, teniendo en cuenta que el porcentaje de inmigración es menor aquí. No obstante, apuntó otro factor: la inmigración en Euskadi es "más reciente" y, por tanto, ha tenido menos tiempo para acumular prestaciones por desempleo. La medida puesta en marcha por el Gobierno ofrece a los solicitantes recibir de golpe este subsidio a cambio de salir del país durante, al menos, tres años.

Para la responsable del Centro de Información al Trabajador Extranjero de CC OO, Feli Piedra, los datos prueban que estas personas "tienen ya hecho un proyecto de vida en Euskadi" y no se plantean volver porque, pese a estar en paro, "su situación en sus países de origen sería aún peor".

Ley de extranjería

Preguntado por la nueva Ley de extranjería, González destacó que las enmiendas introducidas en las Cortes "la han mejorado" y valoró positivamente aspectos como el reconocimiento de derechos a los inmigrantes "sin papeles", antes no contemplados. "Se incorporan sentencias del Tribunal Constitucional sobre los derechos a sindicación y huelga". No obstante, manifestó no estar de acuerdo, "a título personal", con las limitaciones establecidas a la reagrupación familiar y la ampliación del plazo de internamiento.

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