Una oleada de derribos amenaza las arcas de municipios costeros
Los tribunales ultiman una cascada de sentencias en los próximos meses
La reposición de la legalidad urbanística pone a los ayuntamientos contra la pared. Las sentencias judiciales firmes con ese objetivo, que pasa por anular licencias municipales y, subsiguientemente, ordenar la demolición de las obras ilegales, se convierte en una amenaza drástica para el funcionamiento económico de los municipios y, por extensión, para la economía civil generada por el anterior auge de la especulación inmobiliaria. El alcance de esta amenaza se hace patente en A Guarda, el primero de los ayuntamientos sacudidos por los tribunales: su presupuesto no alcanza ni para la primera tanda de derribos por licencias mal concedidas, y aún hay más sentencias pendientes de ejecución. En esa tesitura se verán a corto plazo otros ayuntamientos, especialmente del sur de Pontevedra, sobre los que en los próximos meses, según fuentes jurídicas consultadas, caerá una oleada de sentencias de idéntico contenido.
El presupuesto de A Guarda no llega ni para la primera tanda de derribos
"La Administración ha sido tolerante, nadie es inocente", señala la fiscalía
La situación es comparada en medios judiciales, por sus efectos económicos, con las primeras acciones contra el narcotráfico en la comarca de Arousa. La persecución alcanzó entonces a numerosos negocios que acabaron cerrados o sometidos a crisis de supervivencia con efectos sobre el empleo. Ahora los tribunales, con sentencias firmes en causas iniciadas hace cuatro años y más, pondrán en jaque muchas de las plusvalías obtenidas con la especulación. "La Administración ha sido muy tolerante y casi nadie de los afectados es inocente en estos resultados", explican fuentes de la Fiscalía de Pontevedra, que atribuyen la situación al exceso de normas que marcan el funcionamiento del sector y a la proclividad a cambiarlas de los responsables políticos, incurriendo con facilidad en la generación de inseguridad jurídica.
En los ayuntamientos la crisis del ladrillo ya ha provocado una merma drástica en sus ingresos por la concesión de licencias. Ahora, además, tendrán que afrontar los costes de la reposición de la legalidad urbanística, bien directamente o repercutiéndolos, allá donde proceda, sobre las empresas o particulares que promovieron las obras ilegales. Unas se realizaron sin licencia, otras recibieron licencias que contravienen la legislación vigente y otras, en fin, desbordan el marco de actuación de los permisos que recibieron. La reposición de la legalidad pasa a ser en todas ellas una responsabilidad municipal y, aunque nadie adelanta cifras, tampoco nadie duda de que tendrá una incidencia capital sobre las economías locales afectadas.
En A Guarda, por citar el último caso, la anulación de las licencias de construcción de 21 viviendas unifamiliares y la demolición en marcha de las que se construyeron conlleva la indemnización a los afectados, porque actuaron con todas las de la ley, con unos siete millones de euros, equivalentes al presupuesto municipal del año. En este caso el ayuntamiento se apresta a dirimir con la Xunta en los tribunales a quién le corresponde pagar, pero en los próximos meses tendrá que afrontar otros fallos análogos.
Situación similar se produce en los tres ayuntamientos del Val Miñor (Baiona, Nigrán y Gondomar) y en Oia, que puede pasar por un paradigma del desastre. En los próximos meses se esperan sentencias firmes sobre decenas de edificios construidos en las proximidades de la costa, todos ellos ilegales. El caso más relevante es el del hotel-balneario Talaso Atlántico, que se construyó de acuerdo con una ordenanza que el Ayuntamiento nunca publicó y cuya demolición tendrá que ejecutarse previsiblemente en unos meses.
En Oia está asimismo pendiente el derribo de una nave industrial del actual edil de Urbanismo de Gondomar, Alfonso de Lis, quien la defiende con el argumento de que tenía licencia municipal, aunque obvió la de la Xunta, preceptiva para toda edificación en suelo rústico. El actual alcalde, Alejandro Rodríguez, se resiste a ejecutar el derribo con el argumento de que la empresa genera empleo. Mandará ejecutarlo "cuando empiecen a demolerse las muchas naves que hay en su misma situación en la provincia", afirma.
