Últimos cartuchos contra la bancarrota

En Vigo, con los recursos judiciales prácticamente ya agotados, se espera cruzando los dedos una sentencia inminente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que determinará si finalmente es factible la legalización, al amparo del nuevo plan general de urbanismo, de una urbanización condenada desde hace años a la demolición. Es la de Jacinto Benavente (el centro comercial de Toys'R'Us y 198 viviendas). De prosperar, abrirá posibilidades de permanencia al resto de las urbanizaciones ilegalizadas en el municipio (unas 1.500 viviendas en total); en caso contrario, señalará un paso más al derribo como destino inexorable de todas ellas.

El ayuntamiento llega a esta tesitura después de perder en la última década un centenar de contenciosos promovidos, casi todos, por Eduardo Canabal a partir de desfases observados en la aplicación del anterior plan general de urbanismo (1993), aprobado por todos los grupos municipales. La legalización de estas urbanizaciones es la única alternativa que evitaría la bancarrota municipal, ya que todas fueron construidas con licencia y el ayuntamiento tendría que indemnizar a los promotores o propietarios. Sólo en la última de ellas, la de Finca do Conde, el coste de reposición de la legalidad supondría 300 millones de euros, lo que supera ampliamente el presupuesto municipal de los últimos ejercicios.

Estas tentativas para legalizar las urbanizaciones implican su adaptación, mediante las obras necesarias, a las condiciones que fija el nuevo plan general, aunque serán los tribunales los que determinen si se cumple en cada caso la transformación requerida. En Jacinto Benavente, punta de lanza de la eficacia jurídica que pueda alcanzar la adaptación, ésta se ha realizado con reformas factibles, como el rediseño de los aparcamientos para aumentar la dimensión de sus plazas. En otros casos, la adaptación se hace más complicada. Así sucede en Rosalía de Castro (800 viviendas), donde, al margen de otros aspectos también judicializados, su adaptación a la nueva normativa choca con la estructura de los edificios. Por su altura superior a 28 metros, el plan general obliga a que dispongan de dos cajas de escalera: sólo disponen de una y nadie ve manera de abrir el hueco de la otra.