El tripartito salda en 6 años el 'déficit oculto' de Pujol

La Generalitat quiere estrenar 2010 limpia de la voluminosa hipoteca de facturas comprometidas, pero no pagadas ni contabilizadas, que heredó de los gobiernos anteriores de Convergència i Unió (CiU). En los últimos seis años, esa losa -que, según la auditoría de gestión que elaboró el tripartito en 2004, tras su llegada al poder, ascendía a 2.903 millones de euros- le ha venido restando margen de maniobra en la actuación sobre sus finanzas. La parte del león de ese gasto pendiente de pago -el 75% del total, o 2.147 millones- correspondía a gastos sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos. Es este cajón de facturas, el mayor, el que quedará a cero. El Gobierno catalán lo vaciará gracias al primer dinero fresco, que llegará este diciembre, del nuevo modelo sistema de financiación. Pero también mediante un nuevo endeudamiento, como denuncia CiU y reconoce Economía.

"Acabaremos con una situación anómala, que restaba flexibilidad a las finanzas de la Generalitat. Los gastos sanitarios desplazados nos ataban las manos porque a principios de cada año nos encontrábamos ya con gastos pendientes, comprometidos de años anteriores, que había que pagar", explican fuentes del departamento de Antoni Castells.

El Gobierno catalán ha tardado seis años enteros en ir absorbiendo un gasto que en la práctica funciona como déficit oculto, puesto que no computa como tal. En los años de bonanza económica, de 2004 a 2006, Economía aprovechó la abundancia de recursos para ir reduciendo la cuantía de forma progresiva: de 2.147 millones pasó a 1.460 millones.

Más endeudamiento

Sin embargo, la crisis, que ha castigado con dureza las arcas presupuestarias de las administraciones, truncó ese proceso. En 2007 y 2008, la partida de gasto sanitario no sólo no siguió cayendo, sino que aumentó a 1.850 millones.

Ahora, la llegada del nuevo modelo de financiación autonómica, pactado con el Gobierno y el resto de las autonomías en julio pasado, ayudará a enjugar el resto. Las estimaciones del tripartito arrojan para este año poco más de 2.000 millones adicionales, aunque en el cuarto año de aplicación la cifra calculada roza los 3.800 millones. La nueva financiación, aunque se encuentre aún en su tramitación final en las Cortes, entra en vigor en 2009, de modo que la Generalitat está pendiente de la correspondiente transferencia antes de que acabe el año.

Los cerca de 2.000 millones esperados para el presente ejercicio se repartirán del siguiente modo: 1.143 millones se destinarán a sufragar gastos sanitarios y de bienestar social que el Gobierno catalán confiesa haber comprometido este año, sin tener los recursos para ello, como un pecado "excepcional" porque sabía que a final del ejercicio llegaría el dinero de la nueva financiación. El resto servirá para saldar 850 de los 1.850 millones de facturas pendientes de la etapa de CiU. La Generalitatha decidido endeudarse para saldar al fin los 1.000 millones restantes.

Para dar el paso, el Gobierno catalán reclamó la semana pasada que se tramitara con un procedimiento de máxima celeridad, que no permite enmiendas, un proyecto de ley que en la práctica constituirá una nueva partida presupuestaria que integre los recursos que llegarán de la nueva financiación: los citados 1.142,9 millones, que en realidad ya han sido invertidos en políticas sociales y que la Consejería de Economía autorizó a gastar sin tenerlos porque esperaba la nueva financiación. También pidió endeudarse en 1.000 millones.

"Estamos ante una pirueta de ingeniería financiera para poder decir que han acabado con el gasto desplazado y para que cuadren las cuentas", lamenta el diputado de CiU Jordi Turull. "El tripartito ha gastado más de lo que tenía confiando en unos recursos de la financiación que ya veremos si, con la crisis, alcanzan lo previsto", añade.

CiU admite la existencia de este gasto desplazado en 2003. "Lo ha habido siempre y sigue habiéndolo. Al menos hasta 2006, lo ha constatado así la Sindicatura de Cuentas", señala. Reconoce que ha ido a la baja, pero "a fuerza de ir aumentando la deuda". El tripartito defiende que el endeudamiento es una opción política y que suprime el gasto desplazado por "ortodoxia financiera", al ser público y no oculto. Y sostiene que, a diferencia del retraso en el pago de facturas a proveedores, permite negociar menos cargas financieras con la banca.