El Gobierno inicia una ofensiva sobre Zapatero por el traspaso del Inem

El frenazo del traspaso de las políticas activas de empleo va a poner a prueba la fluidez y la solidez real de las relaciones entre los Gobiernos vasco y central. La tarea política para su desbloqueo "no es nuestra responsabilidad", dijo ayer la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, en una afirmación que contiene a duras penas su enfado. "Corresponde al Gobierno de España mover ficha", añadió. Zabaleta explicó el porqué de ese descargo propio y esa atribución de responsabilidad a sus compañeros. "Es el PSOE el que ha llegado a un acuerdo con el PNV", recordó, y, por tanto, le corresponde a él buscar ahora la solución "para no perjudicar los intereses de Euskadi". Zabaleta dejó explícita la intención del Ejecutivo autonómico: "Nosotros vamos a reclamar con insistencia el desbloqueo", advirtió.

Chaves: "Es un compromiso irrenunciable del Gobierno de España"

La intervención de Zabaleta, que se produjo en los pasillos del Parlamento tras una comparecencia por otro motivo, deja al descubierto hacia dónde dirige ahora sus presiones el Gobierno, después de haber volcado sobre el PNV la responsabilidad primera de haber paralizado el traspaso.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE son los destinatarios de numerosas gestiones políticas y técnicas desde la semana pasada. El objetivo es lograr del Gobierno central una reconducción rápida de la cuestión, que, a tenor del reconocimiento el martes por la portavoz, Idoia Mendia, no se producirá en ningún caso a tiempo. El Ejecutivo persigue que el traspaso no se demore más allá de los primeros meses del año próximo. Teme que, si se agota el plazo de septiembre, el PNV vuelva a poner su paralización sobre la mesa otra vez. El Gobierno vasco ha hecho su trabajo, vino a decir ayer Zabaleta, en referencia al instrumento jurídico para acoger la transferencia, que ya está listo e incluido en el proyecto de ley de Presupuestos para 2010.

Lo que la consejera no explicó -tampoco lo hizo la portavoz anteayer, ni la semana pasada el lehendakari- es el contenido del principio de acuerdo alcanzado con el Gobierno central en septiembre, es decir, antes de que el PNV incluyera su veto a la transferencia en la negociación de los Presupuestos en el Congreso. El acuerdo base que anunciaron juntos López y el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, es por completo desconocido.

El celo del Ejecutivo autonómico en su reserva puede abonar dudas sobre si el traspaso se habría producido o no, incluso sin mediar el veto del PNV. Hacerlo público entraña otro riesgo: que después sufra modificaciones, en forma de mejora económica o de contenidos, que el PNV pueda autoadjudicarse y atribuir a su capacidad de presión sobre el Gobierno.

Conocer los términos del acuerdo que se anunció entonces como prácticamente cerrado, es justamente lo que ayer pidió el parlamentario del PNV y vicepresidente del Parlamento Iñigo Iturrate. Si el traspaso estaba pactado, como dijeron en septiembre López y Chaves, recordó Iturrate, "que nos expliquen en qué condiciones y con qué cantidad económica, porque hasta el momento no lo han dicho". De no facilitar el Gobierno esa información, el PNV interpretará "que quien mintió cuando dijo que la transferencia estaba acordada y estaría transferida el 1 de enero fueron el lehendakari y el vicepresidente Chaves", argumentó. Éste, por su parte, se acogió, en respuesta a una pregunta del PP en el Congreso sobre el retraso, a la complejidad técnica de la transferencia y de su cálculo económico. Dijo que es un compromiso "irrenunciable no sólo del lehendakari, sino del Gobierno de España" y de él mismo.