La 'ley antidescargas' inflama Internet

Arde Internet. Un año después de que gran parte de la comunidad internauta se alzara en armas contra la imposición del canon digital que gravaba hasta los móviles para compensar a los autores, se han reabierto las hostilidades entre el mundo de Internet y la industria de contenidos, pero con mucha mayor virulencia. Internet echa chispas. Y la hoguera la ha encendido el Gobierno con su decisión de incluir en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que permitirá bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos.

Miles de usuarios y profesionales de Internet consideran que la iniciativa del Ministerio de Cultura vulnera el derecho fundamental de libre acceso a los contenidos, crea un estado policial en la Red, y tiene un dudoso encaje legal al dejar abierta la puerta a prescindir de la intervención judicial para el cierre de páginas.

La proclama señala que se vulneran derechos fundamentales

Acusan a Cultura de "golpe de Estado digital" y "proyecto inconstitucional"

La ministra convoca a 'gurús' de la Red para calmar los ánimos

La Coalición de Creadores dice que es un primer paso acertado

Por su parte, la industria cultural, con el respaldo de miles de artistas y creadores, saluda la iniciativa del Gobierno aunque sólo como un primer paso en la lucha contra la llamada "piratería", que amenaza la misma existencia de su negocio y, según argumentan, a la creación artística.

La parte más visible de ese enfrentamiento es la guerra de manifiestos. Al firmado por 2.500 músicos y escenificado el martes frente al Ministerio de Industria, respondió ayer el mundo internauta con el suyo, En defensa de los derechos fundamentales en Internet, redactado y apoyado por un grupo de periodistas, responsables de páginas web, profesionales y creadores de Internet.

El texto, publicado o recogido por 150.000 páginas web, entre ellas las de blogs y medios tradicionales (entre ellos ELPAÍS.com, que también publicó el de los músicos), defiende que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los fundamentales como el de la privacidad, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la libertad de expresión, y que el cierre de páginas debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial ("Ni un cierre sin sentencia", señala).

La proclama sostiene que la nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, y pide al Gobierno que lleve a cabo una "verdadera reforma" del derecho de propiedad intelectual orientada a promover el dominio público y limitar los abusos de las sociedades de gestión.

Enrique Dans, experto de Internet del Instituto de Empresa, que ha suscrito el manifiesto, considera que el anteproyecto consagra un "auténtico golpe de Estado digital que no tiene nada que ver con las descargas de música, ni con el P2P" sino que es "un intento por controlar la información, poder silenciar las opiniones que no nos interese oír y callar a las voces discordantes", y acusó al Gobierno de servir los intereses "de los talibanes de los derechos de autor" frente a los de los ciudadanos.

Otro de los firmantes, Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, se preguntaba si el Gobierno va a perseguir también a Google, "que es el mayor enlazador a contenidos protegidos por propiedad intelectual", y no comprendía como pueden equipararse los derechos de autor con la pederastia o al terrorismo. Alex de la Iglesia, sucesor al frente de la Academia de Cine de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, considera que para evitar la piratería hay que ofrecer a los internautas alternativas de pago para poder "bajar cine o música de la Red, legalmente antes de cerrar una puerta, que ya forma parte de la vida de mucha gente".

Julio Alonso, consejero delegado de Weblogs, una de las mayores empresas de blogs especializados, estima que es "claramente inconstitucional" y "un atropello para intentar perpetuar un modelo de negocio caduco aunque sea a costa de los nuevos sectores económicos emergentes".

El incendio desatado en Internet ha asustado al Gobierno y, en particular a la ministra de Cultura que teme inmolarse en la pira alimentada con la leña de su propio proyecto legislativo. Tal es el susto, que para hoy ha convocado una reunión urgente con una decena de gurús de Internet, entre los que figuran Jesús Encinar, fundador del portal inmobiliario El Idealista; Gumersindo Lafuente, ex director de Soitu; Rosalía Lloret, directora de la web de RTVE e Ignacio Escolar, fundador del blog Escolar.net, además de los citados Enrique Dans y Julio Alonso. González-Sinde tratará de tranquilizar los ánimos con esta decena de sabios, y aclararles, entre otros aspectos, el papel de los jueces en el proceso de control de las descargas.

En este sentido, Cultura, a través de una nota, señaló ayer que la Comisión "recurrirá sistemáticamente a la intervención judicial tal y como ya prevé el citado artículo 11 de la Ley de la Sociedad de la Información (LSSI) cuando puedan verse afectados derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución, remitiéndose para ello el correspondiente expediente al órgano judicial competente".

Ante este clima de confusión, habrá que esperar a la redacción del reglamento que desarrolle las funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual para dirimir que papel juega este órgano administrativo y dónde queda la garantía judicial.

El Partido Popular también se sumó a la fiesta. Su responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, optó por la ocurrencia ("González-Sinde, es la Gran hermano de Internet") y acusó a Cultura de "tirar por la ventana la protección de las garantías de los derechos civiles".

Desde el otro bando, la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, que ha llevado las negociaciones con el Gobierno, considera que la cláusula de salvaguarda del derecho de propiedad intelectual introducido en la LSSI está en consonancia con la regulación europea. "¿Qué abogado estaría en contra de cerrar una tienda ilegal? Eso es al fin y al cabo lo que promulga la Ley" señaló Joan Navarro, portavoz de la comisión.

Para Antonio Guisasola, presidente de la patronal discográfica Promusicae, el anteproyecto resulta una solución parcial y se aleja de la línea que están siguiendo el resto de países europeos como Francia, Reino Unido y otros Estados como Japón, Nueva Zelanda o Corea, que combaten la piratería persiguiendo también a los usuarios de programas de intercambio de archivos P2P, que, concentran más del 70% del "tráfico no autorizado de archivos", y no sólo a las páginas de enlaces.

Arde Internet, pero queda mucha leña por arder. Hasta al menos otoño de 2010 no funcionará la Comisión de Propiedad Intelectual. Guarden gasolina.