Terror en Mauritania

Tres miembros de una ONG catalana han sido secuestrados probablemente por la rama magrebí de Al Qaeda. Otro ciudadano francés desaparecido desde hace una semana puede estar en manos del mismo grupo terrorista, apresado en una zona fronteriza del norte de Malí. Son datos que, unidos al reciente asesinato de un rehén británico y al ametrallamiento de un ciudadano estadounidense, además de un atentado suicida contra la Embajada de Francia en la capital mauritana, Nuakchot, apuntan a un recrudecimiento de la actividad terrorista en la zona.

La franquicia local de Al Qaeda parece repetir una estrategia ya ensayada en el Afganistán de los talibanes antes del 11-S y que consiste en utilizar los Estados fallidos como cuartel general desde donde planificar y llevar a cabo sus atentados. El fenómeno está adquiriendo dimensiones que obligarían a una acción preventiva más firme, y en múltiples planos, por parte de la comunidad internacional.

Es previsible que el secuestro de los tres cooperantes catalanes plantee al Estado y a la sociedad española dilemas semejantes a los que hubo de enfrentar en el caso Alakrana, y es de esperar que las lecciones se hayan aprendido. Entre otras razones porque en esta ocasión, a diferencia del secuestro perpetrado por los piratas somalíes, los autores tratarán previsiblemente de justificar su extorsión bajo la máscara de reivindicaciones políticas. Cada escándalo que se provoque para debilitar la posición del Gobierno no sólo representará una baza genérica en manos de los terroristas, sino que será interpretado por ellos como una victoria en sí misma, suficiente para alentar nuevas acciones. No hay que olvidar que los yihadistas aspiran sobre todo a convertirse en actores políticos determinantes, y sólo marginalmente a obtener un rescate económico.

El Gobierno, por su parte, está obligado a informar a los partidos políticos, bajo garantía de estricta reserva, de las alternativas que adopte para lograr un desenlace satisfactorio del secuestro. También debería extremarse la atención a las familias. La prioridad, una vez más, tiene que ser la seguridad de los rehenes, pero los medios para garantizarla deberían valorarse en función de las circunstancias y, en cualquier caso, contar con el respaldo de las fuerzas parlamentarias.

Ante chantajes como el del Alakrana, o como el que podría plantearse en Mauritania, es habitual que los Gobiernos recurran a la fórmula de que mantienen abiertas todas las vías de solución. Es conveniente que se haga así, pero siempre sin perder de vista cuál es la vía prioritaria y cuáles son las alternativas, a fin de evitar espectáculos de improvisación y descoordinación como los vividos en el Índico. El secuestro de tres ciudadanos españoles a manos de un grupo terrorista que ha decidido imponer su siniestra ley en el Magreb no es un desafío al Gobierno, sino al Estado. La respuesta debería estar a la altura por parte de todos.