Agricultura ultima un plan que elimine duplicidades en sus 49 empresas públicas

El Departamento de Agricultura y Pesca ultima un informe para reorganizar las 49 sociedades públicas o fundaciones que dependen de la consejería y que cuentan con 800 empleados, el triple de los trabajadores de esas dos áreas en el Gobierno. La intención inicial no es reducir el número de empleados pero sí evitar duplicidades y "solapamientos", según ha constatado el Departamento.

Agricultura y Pesca copan un tercio de las compañías vinculadas al Ejecutivo, que, según los últimos datos, totalizan 105 empresas y fundaciones (sin incluir Visesa, de Vivienda, que figura desglosada en Alokabide y Orubide), a lo que se añade una participación minoritaria en al menos 58 empresas, pero con mayoría de peso público gracias a diputaciones y ayuntamientos. De hecho, ese elevado número de entidades auspiciadas por el Gobierno mereció el reproche, en 2007, de la Universidad del País Vasco, que en un informe analizó este fenómeno. Concluía que era "imposible estimar el total de recursos que se gestionan" a través de lo que definía como "entramado de empresas y fundaciones" creadas por la consejería de Agricultura. Agregaba que esta "tupida red de empresas" suscitaba "múltiples interrogantes". El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en sus informes anuales sobre el Gobierno, ha insistido en que este tipo de sociedades sólo deben funcionar si existen "poderosas razones de eficacia y eficiencia".

"Se ha creado una red con muchos centros de decisión de fondos públicos"

La auditoría que elabora el Departamento de Agricultura está detectando lo contrario. "Las estrategias de cada una de las empresas no se han definido desde una visión conjunta, y una de las consecuencias de esta falta de coordinación es el solapamiento que se produce en diversas áreas de trabajo y proyectos", señala el viceconsejero de Pesca Jon Azkue.

Así, existen empresas y fundaciones que participan a su vez en otras empresas y asociaciones. Un ejemplo de los cruces entre sociedades es Neiker, dependiente del Departamento de Agricultura al 100%. Neiker participa con un 54% en Azti, de la que el Gobierno tiene otro 44%. No está considerada sociedad pública y no es auditada por el Tribunal de Cuentas, a pesar de que al final la participación de la comunidad autónoma es del 98%. Este ejemplo se repite en otras como en la Fundación Elika, que es propiedad al 100% de Neiker y de la Fundación Kalitatea.

"Se ha creado una red donde hay muchos centros de decisión y gestión de fondos públicos", señala Azkue. Entre los casos concretos de solapamientos, está los sucedido entre las sociedades Azti (dedicada a la investigación en el sector primario) e Itsasmendikoi (centrada en el desarrollo rural), que impulsan proyectos de acuicultura, pero en el primer caso con personal propio y, en Itsasmendikoi, a través de expertos externos contratados.

En otros cometidos, estas dos sociedades han presentado además proyectos similares al Departamento. Otro caso de duplicidad se da en las empresas IKT e Itsasmendikoi: la segunda desarrolla la mayoría de iniciativas y proyectos de desarrollo rural pero IKT se encarga de organizar eventos de Euromontana (la asociación europea de regiones de montaña), directamente relacionado con el desarrollo rural.

La intención del Departamento de Agricultura y Pesca es concluir su diagnóstico de este entramado de sociedades y fundaciones en el plazo de un mes y presentar un plan de actuación. "Consideramos imprescindible aumentar la transparencia y buscar fórmulas para aportar más luz a estas empresas privadas de origen público, aplicando criterios como los de publicidad y concurrencia", afirma el viceconsejero.