Los "símbolos nacionales" del artículo 8 bloquean la sentencia del Estatuto

El Gobierno está relativamente tranquilo sobre el futuro del Estatuto de Cataluña, en función de las noticias que tiene sobre las deliberaciones que desde hace meses mantienen los 10 magistrados del Tribunal Constitucional encargados de resolver el recurso que presentó el PP hace tres años.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido "calma", a la espera de conocer la sentencia, porque considera que no será tan dura contra el Estatuto como apuntan las deliberaciones en el pleno del Tribunal.

"Ahora mismo sólo hay un escollo que impide aventurar cuándo y cómo saldrá finalmente la sentencia: el artículo 8, que habla de los símbolos nacionales. El resto está resuelto de una manera más o menos aceptable", señalaron ayer a este periódico dirigentes del Ejecutivo central.

El escollo es mayor porque afecta a uno de los aspectos del Estatuto que quienes lo aprobaron en Cataluña (PSC, CiU, e ICV) consideran inamovible: "los símbolos nacionales", regulados en el artículo 8 de la norma.

En las deliberaciones del pleno del Tribunal Constitucional sobre este asunto hay seis magistrados (cinco conservadores y el progresista Manuel Aragón Reyes) que sostienen que ese artículo 8 es claramente inconstitucional, dado que la norma fundamental señala que los estatutos "podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas" y que "éstas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales". Además, interpretan que al incorporar al preámbulo la referencia a que el Parlamento catalán considera mayoritariamente que Cataluña es una nación, ese artículo 8 encaja todavía menos en la Constitución, pues sería tanto como un reconocimiento de que Cataluña es una nación distinta a la española.

El Gobierno sostiene que el preámbulo carece de "validez jurídica", como el Constitucional plantea, y que se limita a describir un hecho, como es que el Parlamento catalán aprobó una moción que consideraba a Cataluña una nación.

Otro aspecto controvertido se refiere al derecho y el deber de conocer el catalán, que el PP considera inconstitucional basándose en lo que plantea el artículo 3.2 de la Constitución: "Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos". El Tribunal Constitucional podría aplicar aquí la técnica interpretativa para avalar la constitucionalidad del artículo del Estatuto catalán, siempre que se garantice que no habrá ningún tipo de discriminación por el hecho de no conocer el catalán, según explican fuentes del Ejecutivo.

Cualquier sentencia del Constitucional debe contar con al menos cinco votos, siempre que uno de ellos sea el de la presidenta, que puede desempatar. El progresista Aragón no coincide con el bloque conservador en la mayoría de los preceptos que los cinco magistrados elegidos a propuesta del PP querrían declarar inconstitucionales. Por eso nadie es capaz de aventurar, el Gobierno tampoco, cuándo habrá sentencia.

[El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió anoche a este asunto en una entrevista en La Sexta, en la que señaló que espera una "gran sentencia" del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, tanto desde el punto de vista conceptual como técnico-jurídico, y reclamó a las fuerzas políticas y a la opinión pública catalana "serenidad"].