Entrevista:ÁNGEL JUANES | Presidente de la Audiencia Nacional | El debate sobre el Estatuto

"La presión al Constitucional es excesiva"

La semana pasada estuvo teñida de materia jurídica: a la crisis del atunero 'Alakrana' sucedió la bronca por la reacción del Gobierno catalán a una posible sentencia adversa sobre el Estatuto. Juanes sale en defensa del Constitucional

Los gritos y pitidos de una manifestación de bomberos en el centro de Madrid se cuelan por una ventana de la silenciosa biblioteca de la Audiencia Nacional, repleta de vetusta jurisprudencia. Y se mezclan durante toda la entrevista con las respuestas medidas de Ángel Juanes (San Pablo de los Montes, Toledo, 1947), presidente de la Audiencia Nacional desde hace ocho meses. Magistrado progresista, figura como candidato al Tribuna Constitucional, de donde fue letrado. Cuando estaba en la Sala de lo Militar del Supremo dijo que se aburría y le llovieron las críticas. "Me equivoqué".

Pregunta. El Gobierno de Cataluña sostiene que el Tribunal Constitucional no está legitimado para retocar el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso y ratificado en referéndum. ¿Qué opina usted?

"La sociedad no es suficientemente beligerante contra la corrupción"
"Los consejos de guerra franquistas podrían ser objeto de revisión penal"
"Soy partidario de la jurisdicción universal. El genocida debe ser juzgado"
"No me gusta nada que los jueces vayan a tertulias. Daña la imagen de la justicia"
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Respuesta. La presión que se está ejerciendo contra el Tribunal Constitucional es excesiva. Debería dejársele trabajar porque la resolución a adoptar es muy complicada y de notable importancia. Y, en cuanto a que está legitimado, claro: la Constitución le atribuye la competencia de conocer de la cuestión de inconstitucionalidad en materia de los estatutos; por tanto, está legitimado. Decir que no lo está daña la institución y no es positivo para la propia convivencia y buen funcionamiento del sistema judicial en España.

P. Cuando habla de presión...

R. Todo tipo de presión. El Constitucional está sufriendo una presión importante.

P. ¿Especialmente de los políticos?

R. Sí, sí, sí. Claro.

P. Durante la crisis del Alakrana, la Audiencia sacó una nota para aclarar que la iniciativa de la detención de dos de los piratas fue del Gobierno. Usted dijo hace unos días que la nota "fue un requerimiento interno para clarificar el papel de la justicia". ¿De quién partió el requerimiento? ¿De Garzón, que inició la instrucción? ¿De Pedraz, que la instruye? ¿De Gómez Bermúdez, presidente de la Sala Penal?

R. Fue un estado de opinión. Y, a partir de ahí, consideré que era necesario precisar, desde la perspectiva jurídica, cuál había sido la actuación de los jueces. Sin querer desplazar ningún tipo de responsabilidad a nadie.

P. ¿Está arrepentido?

R. No. Yo lo volvería a hacer. Lo que pasa es que habría que haber matizado más la nota para que no se pudiera interpretar que estábamos desplazando la responsabilidad al Ejecutivo.

P. ¿Los dos piratas cumplirán su condena en España?

R. No lo puedo vaticinar.

P. ¿Ni siquiera si van a ser condenados?

R. Tampoco.

P. ¿Cree que puede haber algún tipo de amaño en este caso?

R. Estoy convencido de que no, en absoluto.

P. ¿Debería haber jueces especializados en la lucha contra la corrupción igual que hay una Fiscalía Anticorrupción?

R. Sí.

P. ¿Cree que la legislación española es suficiente para combatir la corrupción?

R. Cuenta con mecanismos suficientes. Pero yo hago una reflexión: creo que la sociedad española no es suficientemente beligerante contra la corrupción. No entiendo que haya en cualquier localidad casos de corrupción y que la persona implicada salga otra vez elegida. Hay que luchar contra la corrupción con medidas policiales y judiciales, pero la sociedad tiene que reaccionar y debe rearmarse. No es un problema de legislación, el Código Penal es suficiente para luchar contra la corrupción. Y el nuevo Código Penal aumenta las penas.

P. ¿Propondrá un juzgado especializado en corrupción en la Audiencia Nacional?

R. He preguntado a los jueces centrales y magistrados de la Sala de lo Penal sobre si sería conveniente, y no hay unanimidad. No he tomado ninguna decisión. Yo soy partidario de crearlo, pero tengo que tomar en consideración criterios de magistrados que llevan aquí más tiempo.

P. Hay quien sostiene que la Audiencia Nacional habría que disolverla. ¿Qué opina?

R. Este órgano, se llame como se llame, tiene su razón de ser. Porque cada vez más existe el crimen organizado, nacional y trasnacional. Para que un tribunal pueda conocer con eficacia de delitos económicos y realizados por bandas organizadas, requiere especialización y medios. Es difícil pensar que se combata mejor la delincuencia desde diversos tribunales que desde uno solo. Sólo por esa razón creo que debe seguir existiendo la Audiencia Nacional. Cuestión distinta son las competencias: en mi opinión debe tener un hilo conductor, delincuencia organizada y trasnacional. La competencia debe concretarse y delimitarse mejor.

P. Los casos que tiene abiertos la Audiencia por crímenes contra la humanidad y genocidio (contra Israel, China, EE UU) llevaron al Gobierno a modificar la jurisdicción universal para restringir la posibilidad de abrir ese tipo de causas en España. ¿Qué opinión le merece?

R. Soy partidario de la jurisdicción universal. Me parece injusto que un genocida se pueda pasear por las calles de Madrid sin ser juzgado. El ideal de justicia exige que un genocida pueda ser juzgado en cualquier lugar. El legislador ha querido establecer unas limitaciones: que para que la Audiencia Nacional conozca de delitos cometidos en el extranjero tienen que afectar a intereses nacionales relevantes o que las víctimas fueran españolas. Pero después dice: "Sin perjuicio de lo establecido en los Tratados". Y eso nos lleva a que, según mi opinión personal como jurista, la primera fuente para determinar si la Audiencia es competente siguen siendo los tratados. Si el Convenio de Ginebra sobre crímenes de guerra establece la obligatoriedad de la jurisdicción universal, para mí -ojo, no expreso el criterio de la Audiencia- los delitos de guerra seguirán siendo competencia de la Audiencia, independientemente de la reforma legal. Cuestión distinta es el genocidio, porque los convenios sobre genocidio no establecen el carácter obligatorio. Pero no con los crímenes de guerra.

P. ¿Considera usted que el juez Garzón prevaricó en la causa que instruyó contra los crímenes del franquismo?

R. Me produce desazón el caso de Garzón. Pero por respeto a la resolución que juzga el Supremo no puedo pronunciarme.

P. ¿Se pueden juzgar los crímenes del franquismo?

R. Cuando estuve como magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo hice varios votos particulares por considerar que algunos consejos de guerra eran nulos. Incluso con la Ley de Memoria Histórica, hay argumentos para sostener que podría constituir un hecho nuevo y, por tanto, podrían ser objeto de revisión penal los consejos de guerra del franquismo.

P. Nada más llegar a la Audiencia, usted dijo que Garzón había prestado un importante servicio a la comunidad y que su destino natural sería un cargo internacional.

R. Garzón ha hecho cosas muy positivas. Es una figura que tiene el reconocimiento internacional, lo he podido comprobar.

P. ¿Le dolería que saliera por la puerta de atrás?

R. Me gustaría que saliera bien.

P. Ha habido grandes procesos contra el terrorismo yihadista en los que, después, el Supremo ha absuelto a muchos de los procesados. ¿La Audiencia tiene elementos suficientes para luchar contra ese terrorismo?

R. Creo que los tipos penales del terrorismo yihadista deben ser matizados en línea con lo que ha expresado el fiscal general. Están mucho más acuñados los tipos penales en lo que se refiere a ETA que en este tipo de terrorismo. En el nuevo Código Penal ya se ve alguna reforma.

P. ¿Sabe qué es el sistema de escuchas Sitel?

R. Sí.

P. Una de las cuestiones que han suscitado polémica es que los jueces desconocen el sistema y que habría que darles un curso acelerado. ¿La polémica es artificial o tiene base?

R. Pues ningún juez me ha dicho que desconociera el sistema ni me ha planteado la necesidad de ningún curso. Pero es una buena sugerencia.

P. ¿No cree que sea un sistema inconstitucional?

R. Varias sentencias del Supremo lo consideran válido. Pero cualquier iniciativa que mejore el sistema de garantías y produzca menos polémica entre partidos es positiva. Si es aprobando una ley orgánica, pues muy bien.

P. A raíz del caso Pretoria [corrupción en Cataluña] hubo jueces que protestaron por la publicación de la imagen de varios imputados. ¿Hay que desterrar esas imágenes de los medios?

R. La gravedad es relativa. Pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal es clara. A cualquier imputado debe respetársele su derecho a la imagen. En la medida que se pueda, debe evitarse que sea fotografiado.

P. ¿Le ha pedido autorización algún juez para participar en tertulias de radio y televisión?

R. Ninguno.

P. ¿Es legal que magistrados de la Audiencia participen en debates donde se pronuncian proclamas contra el Gobierno?

R. Les voy a ser muy sincero: no me gusta nada. Que sea legal o no, habría que estudiarlo, pero no me parece bien. No deben hacer pronunciamientos de carácter político, eso hace daño a la imagen de la justicia.

P. ¿Se lo ha dicho a algún magistrado de esta casa?

R. En algún caso, sí.

Ángel Juanes, durante la entrevista, en la biblioteca de la Audiencia Nacional.
Ángel Juanes, durante la entrevista, en la biblioteca de la Audiencia Nacional.CLAUDIO ÁLVAREZ

Lecciones del 'Alakrana'

"Todos tenemos que sacar conclusiones, desde el punto de vista jurídico, de lo ocurrido con el caso del Alakrana", afirma Ángel Juanes cuando se le pregunta por las dificultades que hubo para determinar la edad de uno de los piratas. "Una de las sorpresas con las que me he encontrado al llegar a la Audiencia Nacional es que le faltan bastantes cosas, como una bibliotecaria; es necesaria una ampliación del edificio -entre otras cosas, en el ascensor se mezclan los familiares de las víctimas con los presuntos culpables-, y una mejora de la clínica médico-forense".

"Un tribunal de estas características", prosigue el juez, "con la exposición mediática que tiene y con los asuntos tan delicados que se llevan, necesita una estructura acorde. Aparte de la cuarta planta -donde está la presidencia- todo lo demás no reúne las condiciones mínimas para poder hacerlo".

¿Y la lección del Alakrana? "Al llegar aquí me di cuenta de que había médicos forenses, pero no una estructura jerarquizada, con un director o jefe de servicio. Antes de que ocurrieran estos hechos, se planteó al ministerio la creación de un instituto de medicina legal, y parece que va a ser una realidad".

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