Madrid gasta 1.187 millones al año en servicios que no le corresponden

La situación económica de los Ayuntamientos es dramática. La que atraviesa el de Madrid, con una deuda de 7.000 millones de euros, no es una excepción. Pese a las disputas habituales, los tres grupos municipales coinciden en eso y el jueves aprobaron conjuntamente una proposición para reclamar a la Comunidad el 30% de los ingresos extra que percibirá del Estado. Es decir, le exigen al Gobierno regional que les entregue unos 228 millones para hacer frente a competencias que, según la Ley de Bases de Régimen Local, son impropias.

La respuesta de la Comunidad ha sido clara. No va a haber ni un duro. Y si tan apretadas van las arcas municipales, que dejen de prestar esos servicios que creen corresponderían a otras Administraciones. "Estamos muy de acuerdo en que dejen de prestarlos", expresó la presidenta Esperanza Aguirre. Y si no, dijo Beteta, que vendan sus inmuebles (la ley no permite al Ayuntamiento utilizar ese dinero para gastos corrientes).

En la actualidad, y aplicando la interpretación que realiza la FEMP de la Ley de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Madrid presta servicios que no le corresponden por valor de 1.187 millones de euros. Alrededor de una cuarta parte de su presupuesto (4.966 millones) se destina a partidas que debería asumir la Comunidad o el Estado.

Nadie dejará de prestar esos servicios. Por muchos motivos. Pero, principalmente, porque el colapso que viviría la ciudad sería irreversible. Las partidas impropias que actualmente asume el presupuesto corresponden a seguridad ciudadana, vivienda, protección social, fomento del empleo, sanidad, educación, cultura, turismo, promoción económica e innovación tecnológica.

En algunos casos se crean duplicidades que dan lugar a situaciones cómicas propias de la rivalidad entre Aguirre y Gallardón. Pero generalmente corresponden a servicios que, pese a pertenecer a un limbo legal, se han convertido en imprescindibles. En Madrid, por ejemplo, si se dejaran de asumir esas competencias a las que resta importancia Aguirre, se perderían 32 escuelas infantiles que cuestan al año unos 64 millones. Las ambulancias del Samur y los servicios que presta de atención sanitaria dejarían de patrullar las calles de Madrid. Ese servicio le sale al Ayuntamiento por 48,37 millones al año.Si el concejal de Hacienda, Juan Bravo, eliminase esos 1.187 millones de gastos impropios del presupuesto, 48.000 niños se quedarían sin beca de comedor (3,7 millones al año), se cerrarían seis centros de acogida de inmigrantes y se dejaría de prestar servicio a enfermos de alzhéimer y dependientes físicos en 105 centros de día (42 millones de euros). Tampoco sonaría ni una flauta en ninguna de las 13 escuelas de música (3.654.000 euros).

No todas las competencias que asume la capital son de la Comunidad. La seguridad, a la que destina 455,34 millones de euros al año, corresponde al Gobierno de España. El Ayuntamiento tiene las competencias de tráfico, pero con la creación de los Agentes de Movilidad, la policía empezó a realizar labores propiamente de seguridad e incluso judiciales.

"No quiero imaginarme ese escenario. En cualquier caso, la idea es no suprimir servicios. Pero hemos tenido que frenar la construcción de equipamientos que están fuera de nuestro ámbito. Hoy por hoy, no cerraremos escuelas infantiles ni centros de mayores... Aunque tengamos que tirar de déficit. Pero eso tiene unas sanciones del Ministerio de Economía, a quien pedimos que sea más flexible", reclama Juan Bravo.

El problema es extensible a todos los Ayuntamientos, por eso la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó en su última reunión reclamar ese 30% de la financiación extra del Estado a la Comunidad. "Lo aprobamos en la federación y lo llevaré al próximo pleno del Ayuntamiento de Getafe", explica Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde de Getafe. En dicho Ayuntamiento calculan que destinan alrededor de un 30% de su presupuesto a sufragar gastos impropios.