Montilla y CiU preparan sus planes de acción contra un recorte del Estatuto

La amenaza de recortes sobre el Estatuto sigue llenando de sombras la política catalana, en la que poco a poco se configura una mayoría partidaria de llevar adelante, por la vía que sea, los compromisos políticos de la carta autonómica. Al calor de las advertencias de José Montilla de que recortar el Estatuto puede minar la "convivencia" en Cataluña, Convergència i Unió optó ayer por desenterrar sus reivindicaciones más radicales. El presidente de CiU, Artur Mas, pidió una respuesta unitaria desde Cataluña en caso de una sentencia adversa, exigió a Montilla que pase a la acción y amenazó con sacar del cajón reivindicaciones como el concierto económico o la gestión de todos los aeropuertos. Montilla, sin sumarse a las exigencias de Mas, aseguró que no renunciará a "ningún objetivo del texto".

El PSC y el PP, solos en la defensa de la legitimidad del alto tribunal

"Si la sentencia es contraria, tendremos que identificar dos o tres temas muy claros y que nadie nos pueda decir que no caben en la Constitución", defendió Mas, quien añadió: "Si gestionamos ya los puertos ¿por qué no los aeropuertos? ¿Y el concierto económico? ¿No lo tienen ya vascos y navarros?". Los dos asuntos no son precisamente gratuitos porque centraron buena parte de la negociación del Estatuto. La gestión del aeropuerto de El Prat no se incluyó finalmente en la carta autonómica, pero el ministro José Blanco mantiene el compromiso de presentar antes de final de año un plan para que la Generalitat participe en la gestión de El Prat además de desclasificar los de Reus, Girona y Sabadell.

El tiempo dirá si las advertencias de Artur Mas tienen fondo o son una simple soflama electoral. Y es que la de pedir el concierto económico no es la primera salida que propone Mas en caso de recorte estatutario. En los tres años que el Tribunal Constitucional lleva deliberando sobre el recurso, CiU ha propuesto dar por muerta la vía estatutaria; someter a votación popular el texto recortado del alto tribunal; convocar elecciones anticipadas e incluso formar un Gobierno de unidad en Cataluña. Ayer también sugirió a los magistrados que se inhiban -"aún están a tiempo", recalcó- al recordar que el Estatuto lo aprobaron "el 74% de los catalanes y eso democráticamente merece un respeto".

La inhibición que pide Artur Mas llega después de que Esquerra Republicana e Iniciativa haya pedido la dimisión en bloque de los magistrados del Constitucional. Aparte del PP, el PSC es el único partido que sigue defendiendo en Cataluña la "legitimidad" del Tribunal Constitucional, eso sí, sin dejar de exigir la sustitución de los cuatro miembros que han acabado su mandato.

La ejecutiva de los socialistas catalanes aplaudió ayer las advertencias lanzadas por Montilla los últimos días. Después de recibir estos apoyos internos, el presidente de la Generalitat volvió a la carga. Lo hizo en un acto simbólico: la toma de posesión de los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano previsto en la carta autonómica y que debe velar por el ajuste a la Constitución y al Estatuto de las leyes catalanas. Montilla exigió en su discurso "lealtad institucional y sentido de Estado" frente al "pacto político" que supone el Estatuto, y subrayó que su Gobierno se mantendrá firme. "Este Estatuto es el instrumento jurídico más potente del que Cataluña ha dispuesto desde hace siglos. No lo menospreciaremos ni renunciaremos a alcanzar los objetivos que nos fijamos con el Estatuto", aseguró. Una de las fórmulas para lograr esto que el Gobierno catalán ha insinuado en varias ocasiones sería recurrir al artículo 150.2 de la Constitución, por el que el Estado puede transferir competencias a las autonomías.

Sin embargo, la tesis oficial sigue siendo que el Estatut es válido. De hecho, Montilla destacó que pese a los "obstáculos y el pesimismo, el Estatuto está vivo", y añadió que esta ley orgánica es "plenamente constitucional".

Montilla reiteró estos puntos en la ejecutiva de su partido. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, aprovechó el debate para resaltar que en este barco viajan juntos todos los socialistas y que un recorte del Estatuto también dejaría "desautorizado al PSOE".