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Editorial:

Alakrana como síntoma

El largo secuestro ha puesto de relieve la degradación del debate público en España

El secuestro del Alakrana se ha convertido en síntoma de la degradación del debate público en España, habida cuenta de las reacciones que ha generado: irresponsables mientras había 36 marineros en peligro, demagógicas cuando finalmente fueron liberados. No deja de ser una sorprendente paradoja que los únicos que han quedado a salvo de los exabruptos cruzados durante los últimos días hayan sido, precisamente, los piratas. En medio del escándalo no ha habido una sola palabra de condena para quienes practican una lucrativa actividad criminal a costa de la libertad y la vida ajenas, como si su presencia en el Índico fuera un fenómeno de la naturaleza que, como los escollos o las tempestades, dificultase la navegación. La realidad es, sin embargo, exactamente la contraria: tras los desarrapados que asaltan los barcos y aterrorizan a las tripulaciones con sus alardes de violencia existe una extensa red de beneficiarios, que desborda con mucho las fronteras de un Estado fallido como Somalia.

Cuando un Estado es sometido a un chantaje como el del Alakrana, con 36 vidas en juego, los dilemas políticos, jurídicos y morales planteados exigen rigor y sobriedad en los discursos, no la grosera frivolidad con la que cada cual, según el caso, ha tratado de obtener beneficios del espectáculo o eludir responsabilidades. Ejemplos de ello son la impúdica disputa pública a cuenta de quién decidió traer a España a los dos piratas capturados, librada entre la Audiencia Nacional y el Gobierno, y los impertinentes roces entre los ministerios concernidos. Pero también la conducta de aquellos medios de comunicación que, bajo el escudo del derecho a informar, se han plegado a la manipulación de los corsarios. Aunque quizá en este último capítulo el mayor escarnio esté por llegar. Nada justificaría que, tras 47 días con vidas en peligro y la dignidad institucional en jaque, la televisión basura explotara el morbo y el sensacionalismo con la muy rentable coartada de mostrar el lado humano de la noticia.

Acuciado por el chantaje, el Estado se ha avenido a negociar con delincuentes, al igual que están haciendo otros Estados en las mismas circunstancias. Tan problemático es apoyar esta decisión como censurarla, porque lo que está en juego es, en resumidas cuentas, si se antepone la vida a los principios y las leyes. Pero con un decisivo matiz, que aproxima este dilema a la aporía y obliga, cuando menos, a una actitud respetuosa: quienes reclaman la superioridad de los principios y las leyes no arriesgan su propia vida, sino la de otros. Si el debate público en España no llevara tanto tiempo chapoteando en el cenagal del sectarismo y los gestos grandilocuentes, la preocupación mayor sería cómo evitar que otras tripulaciones queden en peligro y que el Estado se vuelva a enfrentar un desafío semejante. Colocar vigilantes privados armados en los barcos que faenan en el Índico, o que simplemente transitan por una de las rutas más importantes de la navegación internacional, es un remedio de urgencia, no una solución. La solución pasa por desmantelar la red de intereses que se ha creado en torno a la piratería, además de seguir reforzando la seguridad en la zona. Ambas estrategias requieren un compromiso internacional más firme que el existente.

Como víctima de la piratería, nuestro país tiene sobradas razones para promover ese compromiso en los foros multilaterales y a través de iniciativas específicas. Pero su posición se irá debilitando si el secuestro del Alakrana sigue tratándose como un espectáculo del que extraer beneficios de cualquier naturaleza. La condición para abrir el debate público se ha cumplido, porque los 36 marineros están libres y en casa. Pero eso no significa que sea ni útil ni aceptable cualquier forma de conducirlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de noviembre de 2009